Ciudad de México. Con el fin de la guerra en Irak y la presencia de EU menguando en Afganistán, contratistas de seguridad estadounidenses buscan nuevas perspectivas en México, donde la creciente violencia provocada por el crimen organizado ha creado una creciente demanda de profesionales preparados para la batalla.

Después de años de trabajo lucrativo en el Medio Oriente y Asia Central, donde su presencia fue ocasionalmente empañada por casos de fuerza excesiva, contratistas y empresas privadas de seguridad de diferentes tamaños y especialidades están siendo atraídos a librar sus batallas cerca de casa. Pero la existencia de las restrictivas leyes de armas en México significa que los contratistas deberán entrar en la sangrienta guerra contra los cárteles de las drogas desarmados y tomarán trabajos que van desde la consultoría y la capacitación técnica para los militares mexicanos, hasta proteger a ejecutivos de bandas de secuestradores y extorsionadores.

DynCorp International tiene ofertas de trabajo en México para instructores de aviación y mecánica. La firma consultora Kroll contrata a especialistas antisecuestro para proteger a ejecutivos en México. MPRI está capacitando a los soldados mexicanos en técnicas de contrainsurgencia.

Las empresas son atraídas por millonarios contratos públicos y privados. En noviembre, la oficina del programa de lucha contra el narcoterrorismo del Pentágono ofertó más de 3,000 millones de dólares en contratos en todo el mundo, en los que se incluía una cantidad no especificada destinada a operaciones en México. El Departamento de Estado se ha comprometido a entregar cerca de 2,000 millones de dólares en ayuda para guerra contra las drogas en México desde el 2008, mucho de este dinero, a disposición de las empresas estadounidenses que pueden proveer equipos o servicios al gobierno mexicano.

El gasto en seguridad por empresas privadas en México y el gobierno del país también ha aumentado. Desde que el presidente Felipe Calderón desplegó al Ejército para luchar contra los capos de la droga en diciembre del 2006, el número de empresas de seguridad privada armadas en el país se ha duplicado, de acuerdo con estadísticas de la Policía Federal mexicana. Pero mientras que hay 1,400 empresas con licencia en regla, analistas afirman que podría haber por lo menos 10,000 más en operación sin la debida autorización.

Sin embargo, pese al potencial de México para el trabajo altamente remunerado, los expertos advierten que nunca será igual a la bonanza que las compañías estadounidenses encontraron en Afganistán e Irak.

Por un lado, el dinero disponible en México no está a la altura del que fluyó en las guerras de Afganistán e Irak, conflictos en los que el gobierno de EU gastó más de 200,000 millones de dólares en contratistas privados.

Y luego está el tema del artículo 27 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de lectura necesaria para cualquiera que tenga la tentación de hacer una transición de Kabul o Bagdad para el México urbano. En esencia, este artículo prohíbe la portación de armas a extranjeros en México, un inconveniente para muchos aspirantes a soldados de la fortuna, pese a su creciente interés en el país, expuso Michael Braun, exjefe de Operaciones de la DEA y ahora socio de Spectre Group International LLC., una empresa de seguridad.

No hay cifras precisas sobre el número de contratistas de seguridad que trabajan en México, pero el Pentágono y el Departamento de Estado gastaron 635.8 millones de dólares en contratos de lucha contra el narcotráfico en América Latina en el 2009, un aumento de 32% con respecto al 2005, según un análisis preparado por la oficina de la senadora Claire McCaskill en junio.