Ante el recorte de los recursos que el gobierno federal transfiere a estados y municipios, el federalismo es uno de los grandes pendientes en México, aseguró Ricardo Gallegos, director ejecutivo senior de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de HR Ratings.

“De los ingresos totales, 80% se queda en la Federación, 20% se reparte en los estados y éstos aplican la misma fórmula a los municipios. Este esquema de federalismo lleva agotado bastante tiempo”, señaló en entrevista con El Economista.

Los gobiernos subnacionales han manifestado inconformidad por el recorte al gasto federalizado, argumentando que uno de los efectos negativos será la merma en proyectos de infraestructura. Por lo anterior, han solicitado un nuevo pacto fiscal que les brinde mayores facultades recaudatorias.

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, en este ejercicio fiscal, los gobiernos locales recibirán 1.98 billones de pesos de gasto federalizado, cifra que da una caída de 0.1% en términos reales, frente al presupuesto aprobado del 2019.

Mientras, el descenso de la economía nacional y el recorte al Ramo 23 y a convenios provocaron que el año pasado, el gasto federalizado presentara una reducción de 9,286 millones de pesos respecto al 2018, y a tasa anual real, significó una baja de 4.0%, el peor resultado en una década.

El gasto federalizado se integra por participaciones, aportaciones, recursos para protección social en salud, convenios y subsidios; los dos primeros ramos, 28 y 33, respectivamente, concentran 86.9% del total. La importancia de estos recursos que transfiere la Federación a los gobiernos subnacionales, radica en que significan más de 80% de los ingresos totales de las entidades.

“La Federación acusa que estados y municipios tienen una gran dependencia de recursos federales; los gobiernos subnacionales cedieron facultades tributarias para que, a través de los ramos 33 y 28, hubiera un resarcimiento de esa cesión de impuestos”, explicó Gallegos.

“Si a los estados les dices que se queden con el IVA y se dejan los demás impuestos, esta dependencia bajaría 40 puntos, situación que la Federación no está dispuesta a ceder. No se ha tenido una verdadera discusión del federalismo, hoy está fuera de la mesa de discusión si los porcentajes de distribución de ingresos deben cambiar o no”, ahondó.

“Por otro lado, estados y municipios sí pueden explotar algunas potestades que tienen y que no explotan. Por ejemplo, se observa que la recaudación de Predial y traslado de dominio empieza a reducirse justo cuando está cambiando la administración local, porque deciden no fiscalizar”, añadió.

“Si bien hay estados que ya llevaron a 3% el impuesto sobre la nómina, aún hay entidades que no. Está la discusión de si los estados deberían o no cobrar la Tenencia, que la Federación les dio esa decisión, la gran parte decidió no cobrarla”, expuso el experto de HR Ratings.

“Falta una discusión de federalismo, si los porcentajes de distribución entre estados, municipios y Federación aún funcionan, sí es eficiente. Si se aumenta entre 2 y 3 puntos el porcentaje que se queda la Federación de la recaudación, el flujo de efectivo de los subnacionales mejoraría”, dijo.

Propuestas

Según el Reporte de ingresos subnacional del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el actual régimen de coordinación fiscal entre la Federación y los gobiernos subnacionales genera un escenario complicado para las entidades, ya que tienen poca autonomía fiscal, alta dependencia de las transferencias federales y baja recaudación.

“Las entidades generan únicamente 12% de sus ingresos, mientras que 80% de sus recursos provienen del acuerdo de coordinación fiscal con la Federación. Las entidades no aprovechan sus facultades tributarias. De los 18 impuestos que pueden recaudar, en promedio recaudan seis. Baja California es la entidad que más impuestos cobra (9) y Puebla la que menos (3)”, se lee en el documento.

El Imco propone que el Congreso de la Unión, los congresos locales y las secretarías de Finanzas realicen una reforma fiscal de fondo que permita a México recaudar más de 20% del PIB de forma progresiva, otorgar un papel más relevante a estados, dar reglas de operación en recursos públicos, reducir el impuesto a la nómina para aumentar la formalidad, y fomentar impuestos progresivos (a mayores ingresos, mayor tasa).

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