Más allá de que las entidades federativas apliquen una política de austeridad para que no haya un alza en los impuestos locales —como lo recomendó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes—, se necesita revisar la Ley de Coordinación Fiscal, recomendaron especialistas.

A unos días de comenzar el 2020 los gobiernos estatales aumentaron —y en algunos casos retomaron— el cobro de gravámenes locales. Por ejemplo, Aguascalientes, Baja California, la Ciudad de México, Puebla e incluso Yucatán presentaron modificaciones en el Impuesto Sobre Nómina o el de la Tenencia; en otros, se crearon nuevos impuestos al hospedaje, bebidas alcohólicas y juegos de sorteos, comportamiento derivado de una menor asignación de recursos federales.

Es importante mencionar que las administraciones locales recibirán 1.98 billones de pesos de gasto federalizado, que resulta una caída de 0.1% en términos reales en comparación con el 2019.

Al respecto, el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), José Luis de la Cruz Gallegos, explicó en qué les afecta a las entidades federativas estos recortes; por ejemplo, hay estados que tienen una parálisis en desarrollo económico, otros dependen en gran parte de la Federación y unos más presentan endeudamientos.

“Muchas de las entidades tienen comprometidos sus gastos por el endeudamiento previo de otros gobiernos, evidentemente eso es un problema; también, el margen que tienen los gobiernos para inversión productiva es muy reducido. Esta aplicación de los impuestos es una obligación; anteriormente, muchos gobiernos estatales dejaron de lado hacerlo por fines políticos”, acentuó.

El coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, Héctor Magaña Rodríguez, coincidió en que los estados, para no recurrir al endeudamiento, optaron por crear impuestos para alcanzar los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones.

Desventajas

El especialista advirtió sobre las desventajas de haber tomado esta decisión, ya que hay un escenario de incertidumbre económica nacional e internacional; todo en conjunto genera que haya un menor consumo por parte de los individuos y que merme la inversión de las empresas.

“Me parece que se conjuntaron, tanto el recorte en los recursos federales como desaceleración en la actividad económica. En este último punto, si las empresas y los individuos obtienen menos ingresos, la recaudación de impuestos por ende, también disminuye”, ahondó.

El director del IDIC precisó que las entidades federativas no pueden crear nuevos impuestos locales —más allá de la Tenencia o el Predial— debido a que, cuando se creó la Ley de Coordinación Fiscal tuvieron que aceptar un margen legal reducido, por lo mismo no cuentan con facultades para crear gravámenes y la Federación es quien asigna.

“Al final de cuentas, aumentar los impuestos locales surge por una necesidad, porque se les condicionaron las transferencias del gobierno federal. Es importante recordar que con la Ley de Coordinación Fiscal los estados le cedieron a la Federación la potestad de recaudación, ya no pueden cobrar IVA, ISR y más impuestos especiales. Ellos aceptaron que las transferencias deben llegar de la Federación, eso deben revisar”, manifestó.

De la Cruz Gallegos acotó que la decisión que tomó el gobierno federal de recortar el gasto federalizado a las entidades se debe al escenario económico nacional e internacional, el cual se augura como más complicado que el 2019.

El director del IDIC sugirió que se necesita revisar la Ley de Coordinación Fiscal, incluso se tendría que contemplar la creación de una nueva Reforma Hacendaria Estatal.

Por su parte, el coordinador del CIEN puntualizó que más allá de aplicar una política de austeridad, las entidades deben ser más eficientes al aplicar sus recursos, así como tomar medidas correctivas.

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