Las consecuencias de no fondear suficientemente al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) impactarán en una reducción significativa en los bienes y servicios dedicados a la atención de la salud de sus derechohabientes, aseguró Alberto Peredo Jiménez, director general del instituto, luego de que el Congreso mexiquense abrogara la Ley ISSEMyM.

“Ante la falta de los recursos necesarios se presentaría un incumplimiento de los contratos con proveedores y prestadores de servicios, lo cual redundaría en la reducción significativa e inmediata del cuadro básico de medicamentos, en la restricción de la cobertura de los servicios y recortes acentuados en la plantilla del personal de salud, entre otras”, añadió.

La Ley ISSEMyM introduce, entre otros puntos, la figura de copago que exige a todo nuevo empleado del sector público hacerse un examen médico, y en caso de enfermedad preexistente obliga a la presidencia municipal a cubrir parte del pago bajo una cuenta solidaria.

Por lo tanto, cancelar la reforma a la Ley ISSEMyM afectará directamente los servicios de salud del estado, afirmó Peredo Jiménez, y añadió que las causas de las dificultades del instituto fueron identificadas en su momento y las soluciones de fondo se dejaron para el futuro, hasta que el gobierno de Alfredo Del Mazo Maza decidió atenderlas inmediatamente porque conforme pasaba el tiempo el modelo solidario de reparto se volvió insostenible.

Mientras los gastos en materia de pensiones han crecido en los últimos 20 años de forma acelerada y exponencial, la población de servidores activos ha disminuido.

El director general del instituto explicó que para el 2000, por cada pensionado había 16 servidores públicos en activo que mantenían el sistema. Para el 2017 esta proporción bajó drásticamente a seis trabajadores por cada pensionado y en los años por venir la cantidad de servidores públicos que pueden solicitar pensión dará un salto de 63,000 a 150,000, es decir, un crecimiento de 138%, lo que significa que tan sólo dos trabajadores activos sostendrán con sus contribuciones a cada pensionado. Es tal la magnitud de la presión financiera, que la pensión promedio de los jubilados supera al sueldo promedio de los trabajadores activos, explicó.

“Con esta reforma, el gobierno que encabeza Alfredo Del Mazo privilegia la atención y el respaldo a los servidores públicos mexiquenses y afronta el problema financiero que no es exclusivo del Estado de México, sino es una realidad que han enfrentado diversas naciones en el mundo que se han visto en la necesidad de cambiar de paradigma”, acotó.

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