Guadalajara, Jal. La Universidad de Guadalajara (UdeG) apelará la resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que ordenó multar a la casa de estudios e inhabilitarla por un año para recibir contratos públicos con recursos federales.

Luego de que la SFP publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dicha sanción, la UdeG informó que presentaría un proceso de revisión al que tiene derecho para que la dependencia federal reconsidere dicha resolución.

A lo largo de los años, la Universidad ha tenido múltiples contratos con los gobiernos federal, de diversos estados de la República y municipales, así como con otras dependencias públicas y entidades privadas y sociales, e incluso convenios y contratos de carácter internacional, sin haber incurrido en faltas en el cumplimiento o responsabilidad , señaló la casa de estudios a través de un comunicado.

El pasado viernes, la SFP publicó en el DOF la sanción para la UdeG que será inhabilitada por un año para recibir contratos públicos con recursos federales, debido a que proporcionó información falsa en la celebración del contrato 2-12030001-5-42427 .

Dicho contrato fue adjudicado de forma directa a la Inmobiliaria Universitaria (Uniterra) el 27 de noviembre del 2012 y en él, la universidad se comprometía a desarrollar el Proyecto Ejecutivo de la Unidad de Medicina Familiar 10-Consultorio Sustentable en la colonia Las Palmas de Cabo San Lucas, Baja California.

Por el desarrollo del proyecto, la UdeG cobraría 5.5 millones de pesos y debía entregarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el 23 de marzo del 2013.

Además de la inhabilitación, el Órgano Interno de Control en el IMSS impuso a la casa de estudios una multa de 373,980 pesos.

Al respecto, la Universidad de Guadalajara afirmó que el Proyecto ejecutivo se realizó y entregó satisfactoriamente sin existir quebranto o daño patrimonial. En consecuencia, se recibió el finiquito correspondiente .

No obstante, la casa de estudios admite que la dependencia universitaria que desarrolló el proyecto incurrió en falta administrativa en los procedimientos para su realización .

La resolución de la SFP no detalla cuál fue la falsedad en que incurrió la inmobiliaria universitaria, pero se trata de la primera inhabilitación de esa dependencia federal a una universidad pública en el país.

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