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La UE prepara nuevas restricciones a Airbnb ante la crisis de vivienda en destinos turísticos
La Unión Europea busca armonizar las reglas para los alquileres de corta duración y frenar su impacto en la vivienda.

París, Barcelona y Venecia ya han endurecido las medidas contra Airbnb, mientras jóvenes europeos protestan.
Airbnb y otras empresas de alquiler de viviendas a corto plazo se enfrentan a nuevas restricciones, ya que la Unión Europea pretende hacer frente a la escasez de viviendas asequibles en los destinos turísticos más populares, según indicó una propuesta de la Comisión Europea a la que ha tuvo acceso Reuters.
La UE pretende armonizar la normativa en toda Europa después de que las autoridades de ciudades como París, Barcelona y Venecia hayan tomado medidas drásticas contra Airbnb.
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Los residentes, sobre todo los jóvenes europeos más afectados por la crisis de la vivienda debido al auge de los alquileres vacacionales a corto plazo, también han salido a la calle para protestar.
La vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera, presentará el 9 de septiembre la Ley de Vivienda Asequible, que deberá ser debatida por los países miembro y el Parlamento Europeo en los próximos meses antes de que pueda entrar en vigor.
La propuesta establece criterios para determinar qué constituye una crisis de vivienda que justificaría la imposición de restricciones a los alquileres a corto plazo.
Las autoridades "deberían evaluar la presión sobre la vivienda en la zona en cuestión basándose en la relación entre el precio y los ingresos y su evolución a lo largo del tiempo, junto con otros indicadores que permitan demostrar que es poco probable que dicha presión se alivie en el futuro", señala el borrador.
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"La relación precio-renta mide la asequibilidad de la vivienda comparando el coste de adquisición de una vivienda con los ingresos del hogar o de la población que se espera que la adquiera", añade.
Se señala que las autoridades también deberían evaluar el crecimiento demográfico y las tendencias de la oferta y la demanda de vivienda, y que cualquier medida debería ser no discriminatoria, proporcionada y de interés público.



