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Telcel, AT&T y cámaras advierten más burocracia con la Ventanilla Digital de CRT
AT&T, Telcel y organismos empresariales advierten que la nueva Ventanilla Digital podría sumar trámites a los 20 que ya enfrenta el despliegue de infraestructura, con tiempos de resolución de hasta 1.4 años en promedio.

CRT Comisión Reguladora de Telecomunicaciones
Empresas de telecomunicaciones y asociaciones del sector pidieron a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) evitar que la Ventanilla Digital Nacional agregue nuevos trámites para instalar y modernizar redes.
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En sus observaciones a la consulta pública sobre este asunto, las marcas solicitaron eliminar la duplicidad de requisitos entre autoridades federales, estatales y municipales.
El punto de partida es el diagnóstico recogido por la propia propuesta de la CRT.
El diagnóstico es que un proyecto de infraestructura puede requerir hasta 20 trámites estatales y municipales, con una resolución promedio de 1.4 años, según las cifras citadas por la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET).
La asociación advierte que conservar esas autorizaciones como requisito previo al nuevo procedimiento federal limitaría la simplificación prometida.
La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) plantea evitar requisitos, trámites y cargas económicas adicionales.
La organización solicitó reglas que permitan intervenir infraestructura existente, atender emergencias y mantener la continuidad de los servicios sin procedimientos desproporcionados.
AT&T México pide aclarar los límites de las atribuciones de la CRT frente a las competencias de estados y municipios en desarrollo urbano y otras materias.
La empresa también observa inconsistencias en los plazos y supuestos de los permisos previstos en el proyecto, además de solicitar garantías para la información georreferenciada de las redes.
Telcel cuestionó que el procedimiento federal dependa de resoluciones locales previas y advierte sobre la necesidad de definir con mayor precisión qué datos de infraestructura se consideran confidenciales, quién podrá consultarlos y bajo qué protocolos.
Para este operador, la información sobre la ubicación y configuración de las redes exige medidas de protección específicas.
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La discusión ocurre después de las mesas técnicas del 7 de octubre con las autoridades.
La Canieti y Red Nacional Última Milla documentan que en esos encuentros se planteó sustituir tres categorías de obras por dos procedimientos, uno de aviso para infraestructura de bajo impacto y otro de permiso para alto impacto.
También mencionan una licencia integral federal a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y un esquema de coordinación con gobiernos locales.
Esas alternativas forman parte de los planteamientos discutidos y no equivalen todavía a disposiciones aprobadas.




