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Nuevos permisos de la CRT para instalar redes podrían enfrentar impugnaciones legales
Un análisis jurídico advierte que la propuesta de Ventanilla Digital de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podría crear autorizaciones federales no previstas en la ley, duplicar requisitos municipales y abrir controversias sobre las facultades de los distintos órdenes de gobierno.
La propuesta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para facilitar la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en México podría enfrentar cuestionamientos legales por establecer un régimen de permisos federales que no está expresamente previsto en la legislación sectorial, además de incorporar nuevas obligaciones administrativas para las empresas que construyen redes.
Un análisis elaborado por el consultor legal y regulatorio David Gorra Flota advierte que las disposiciones propuestas para operar la Ventanilla Digital Nacional de Telecomunicaciones y Radiodifusión podrían generar una nueva capa de trámites, en lugar de eliminar las barreras administrativas que históricamente han retrasado el despliegue de infraestructura en el país.
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El documento, fechado en octubre de 2026 y presentado como comentarios a la nueva propuesta regulatoria, reconoce los beneficios de contar con un expediente digital único, estandarizar documentos y clasificar las obras según su escala. Sin embargo, cuestiona que estos objetivos requieran establecer autorizaciones federales adicionales a las que ya conceden las autoridades estatales y municipales.
La diferencia es relevante para una industria que enfrenta hasta 20 trámites locales y periodos promedio de 1.4 años para desplegar infraestructura, de acuerdo con el diagnóstico regulatorio citado en el propio análisis de Gorra Flota.
Permisos federales después de los municipales
El proyecto de la CRT distingue entre obras de pequeña, mediana y gran escala. Para las primeras contempla un aviso, mientras que las otras dos categorías estarían sujetas a permisos federales con plazos de resolución de hasta 45 y 60 días hábiles, respectivamente.
El problema identificado por David Gorra Flota es que las empresas tendrían que obtener previamente las autorizaciones estatales y municipales que correspondan para después gestionar el permiso federal.
Esto significaría que, aun cuando un operador ya hubiera cumplido con los requisitos locales para instalar infraestructura, todavía tendría que completar un procedimiento adicional ante la autoridad reguladora.
El consultor sostiene que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR) no contempla expresamente un régimen de permisos federales previos para el despliegue de infraestructura, por lo que considera jurídicamente cuestionable introducirlo mediante disposiciones administrativas.
El análisis también identifica posibles duplicidades documentales. Para las obras de gran escala, la propuesta exige presentar proyectos estructurales, memorias de cálculo y responsivas de directores responsables de obra, documentos que forman parte de los procedimientos municipales de autorización de construcciones.
Desde esta perspectiva, el mecanismo podría incrementar las cargas administrativas para las empresas sin necesariamente reducir los tiempos que transcurren antes de iniciar las obras.
La disputa por las facultades municipales
Otra observación se relaciona con la distribución de competencias entre la federación, los estados y los municipios.
El artículo 22 de la propuesta preserva las atribuciones locales en materias distintas de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Sin embargo, Gorra Flota considera que esa redacción podría interpretarse como una delimitación indirecta de las facultades municipales.
La Constitución reconoce atribuciones de los municipios en desarrollo urbano, zonificación, uso de suelo y licencias de construcción, por lo que el consultor advierte que determinadas disposiciones podrían proporcionar argumentos para promover controversias constitucionales.
El análisis señala que el artículo 28 constitucional prevé la expedición de una ley que establezca principios de coordinación y distribuya competencias entre los tres órdenes de gobierno para homologar los trámites de despliegue de infraestructura.
De acuerdo con el documento, esa legislación todavía no ha sido expedida y constituye una pieza necesaria para alcanzar una homologación nacional de requisitos y procedimientos.
La observación plantea una dificultad para el diseño regulatorio. Mientras no exista esa distribución legislativa de competencias, las disposiciones administrativas de la CRT podrían encontrar límites para modificar la forma en que las autoridades locales autorizan las instalaciones.
CRT y Agencia Digital, con atribuciones diferentes
El documento también examina la relación entre las facultades de la CRT y las de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
Según el análisis del consultor, la legislación distingue las atribuciones de la CRT para emitir lineamientos de despliegue y promover la colaboración entre autoridades, de las facultades de la ATDT para establecer lineamientos de homologación y simplificación administrativa.
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David Gorra Flota considera que la propuesta debería delimitar con mayor precisión ambas responsabilidades, particularmente porque la homologación de procedimientos constituye uno de los objetivos expuestos en los considerandos del proyecto.
La coordinación institucional resulta importante para las empresas que despliegan redes de fibra óptica, infraestructura móvil y otros elementos necesarios para ampliar la cobertura y capacidad de los servicios de telecomunicaciones.
Una definición insuficiente de las competencias podría generar incertidumbre sobre los procedimientos aplicables y las autoridades responsables de resolverlos.
Proponen sustituir autorizaciones por registros
Como alternativa, Gorra Flota plantea que la Ventanilla Digital funcione mediante avisos y registros de obras, con requisitos de información proporcionales a la magnitud de cada proyecto, sin establecer una autorización federal previa.
También propone desarrollar un catálogo técnico nacional que sirva como referencia para las autoridades estatales y municipales, cuya adopción podría realizarse mediante convenios de colaboración.
Este modelo permitiría a la CRT contar con información sobre las obras de infraestructura y promover criterios técnicos comunes, sin sustituir las atribuciones locales ni agregar necesariamente nuevos procedimientos de autorización.
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El consultor también recomienda revisar la coexistencia de las nuevas disposiciones con los lineamientos de despliegue expedidos por el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2020, para evitar incertidumbre sobre qué reglas resultan aplicables.
La discusión ocurre en un momento en que la expansión de las redes de telecomunicaciones requiere inversiones sostenidas para atender el crecimiento del tráfico de datos, ampliar la conectividad y soportar nuevas aplicaciones digitales.
El resultado de la consulta regulatoria determinará si la Ventanilla Digital se configura principalmente como un mecanismo de información y coordinación o si incorpora un nuevo régimen de autorizaciones federales para instalar infraestructura.
