La STPS expedirá certificados para que el sector agrícola pueda exportar sus productos

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene la facultad de expedir certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social para que las empresas del sector agrícola puedan exportar sus productos, sobre todo a Estados Unidos y Canadá.

Esta atribución legal se sustenta en la aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados, con 396 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, del dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Comercio Exterior y la Ley Federal del Trabajo. Mediante estas modificaciones, la observancia de la normativa laboral se vincula con la capacidad de las unidades de producción para participar en el comercio internacional.

El mecanismo opera a través de la plataforma denominada VELAGRO, definida como una "plataforma digital en la que los exportadores declaran a la STPS a los participantes en su cadena de valor, permitiendo la validación automática del cumplimiento de obligaciones ante el IMSS". El esquema de certificación se basa en periodos mensuales o trimestrales y utiliza un factor técnico que relaciona las toneladas exportadas con los jornales requeridos.

Dado que existe la posibilidad de que sean bloqueadas las exportaciones, la autoridad informó que primero se realizará un periodo de prueba piloto, la cual durará un año, a partir de que se publique la reforma en el Diario Oficial de la Federación.

Esta primera fase corresponde exclusivamente al sector aguacatero y tiene una duración de 12 meses, iniciando en julio o agosto de 2026.

Durante este periodo de prueba no se limitará la salida de embarques, pues el documento señala que "durante el periodo piloto, no se limitará la exportación de ningún embarque". La extensión de la medida a otros cultivos "será objeto de adecuación posterior".

El proyecto legislativo se publicará en el DOF entre mayo y junio de 2026 y será entonces cuando el secretario del trabajo contará con un plazo de treinta días para "expedir las disposiciones de carácter general que determinan los procedimientos relativos al certificado".

Esta iniciativa se alinea con los compromisos del Capítulo 23 del T-MEC sobre la "protección de los derechos de las personas trabajadoras del campo", dicha certificación también forma parte de los compromisos que asumió la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar la "formalización laboral, la dignificación del trabajo agrícola y el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social".