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Opinión

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Política aérea: plan de vuelo sin combustible

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Rosario Avilés | Despegues y Aterrizajes

Rosario Avilés

Veinticinco años después de la última versión de Política Aérea, México está por estrenar una nueva. El proyecto que circula -la SICT confirmó que aún no se publica en el Diario Oficial-, el borrador merece una primera lectura sin estridencias: es un documento ordenado, alineado con la OACI y necesario. También es, tal como está, insuficiente para cambiarle el rumbo al sector.

Lo bueno primero: El texto organiza la agenda en seis ejes, 22 objetivos y 51 estrategias hacia 2040. Incorpora temas indispensables: ciberseguridad, drones, combustibles sostenibles, gestión de crisis. Y pone por escrito señales que la industria esperaba: reglas de slots transparentes, certidumbre en la regulación tarifaria aeroportuaria, vigilancia basada en riesgos e investigación de accidentes independiente del regulador.

El problema está en lo que no trae. En 22 páginas no hay una sola meta cuantificada, un indicador con línea base, un monto de inversión, ni un responsable por estrategia. Treinta y tres de las 51 estrategias arrancan con fortalecer, promover, impulsar o fomentar. El propio documento se define como “orientador”, aclara que no compromete a otras dependencias y sujeta su ejecución a la disponibilidad presupuestaria de cada año.

Esa última condición es la importante. Mientras se redactaba la política, el proyecto de PEF 2027 propuso recortar 73% a la AFAC y 75% a SENEAM. Hizo falta la presión de la industria para que los diputados reasignaran 700 millones de pesos a AFAC; aun así quedó en 875 millones, lejos de los 1,400 que la propia SICT había ofrecido. Todo con una revisión de la FAA en curso tras 21 no conformidades y un déficit de unos 500 controladores aéreos. Una política que promete fortalecer la supervisión no puede convivir con un presupuesto que la debilita.

Hay un dato significativo: 34 estrategias son de corto plazo porque ya estaban en el programa sectorial o se ejecutan con el marco jurídico y los recursos existentes. Lo que exige dinero o a otras autoridades -modernizar la navegación aérea, agilizar migración y aduanas, mejorar el suministro de combustibles- se va a 2031-2035. La infraestructura “acorde con la demanda”, a 2036-2040. De ahí la polémica reciente y la nota aclaratoria de la SICT, que para defender la política tuvo que citar otro documento, el Plan Nacional de Navegación Aérea, que sí habla de inversiones.

Y están los huecos: el Valle de México, la carga fiscal sobre el boleto, la concentración del mercado, el papel de las Fuerzas Armadas como operadoras de aeropuertos y de una aerolínea. Nada de eso lo decide la AFAC, y por eso una política de Estado no puede ser solo de la autoridad aeronáutica.

¿Qué le falta para ser robusta? Cinco cosas que caben antes de publicarla: un anexo de indicadores con metas a 2030; un anexo financiero plurianual; una comisión intersecretarial que siente a Hacienda, Defensa, Marina y Relaciones Exteriores; una convocaroria para el resto de los actores que inciden en el sector y un calendario de entregables con fecha y responsable. Y una sexta que requiere ley: una AFAC con autonomía técnica e ingresos propios.

En 2026 los cambios de fondo -slots, supervisión, presupuesto- llegaron por presión de Washington, de la industria y del Congreso. Una buena política sirve justamente para no depender de ello.

Rosario Avilés

Periodista especializada en aviación y aeropuertos, con más de 30 años de experiencia en el sector. Es fundadora, editora, columnista y colaboradora en diversos medios de comunicación, incluyendo A21, El Economista, Reforma, y la columna "Despegues y Aterrizajes" que publica en La Crónica de Hoy.

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