Reforma judicial no frenará las inversiones en México, pero hace falta división de poderes: Slim

Carlos Slim, el hombre más rico de México, negó que la incertidumbre generada por la reforma al Poder Judicial represente un freno para las inversiones en México, sin embargo, hace falta la división de poderes. 

“Es un absurdo que se haya hecho, pero pues ahí anda volando, no venía el caso, pues se podían haber hecho los ajustes… Creo que es un error que cuando algo está mal borre uno todo y tenga que hacer todo de nuevo. Cuando algo está mal se corrige”, manifestó.

Entre los cambios a la reforma al Poder Judicial establece la elección de jueces y magistrados mediante la elección popular, lo cual, asegura el gobierno federal fortalecerá su autonomía.

La convocatoria aprobada establece que la elección extraordinaria de los miembros del Poder Judicial se llevará a cabo el 1 de junio de 2025.

Cuestionado sobre los cambios al sistema judicial, el empresario manifestó que ha faltado la división entre los tres poderes de la Unión: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

“Yo creo que lo que nos ha faltado en México es división de poderes. Ojalá y algún día se dé”, opinó.

En México, abundó, históricamente ha habido una falta de independencia entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, sobre todo durante los procesos electorales.

Mencionó que en las elecciones, el Ejecutivo suele “ir junto” con el Legislativo, lo que dificulta la separación entre ambos poderes.

“No hay separación del poder Legislativo y Ejecutivo normalmente. Pasó con (el ex presidente Ernesto) Zedillo que sí hubo mayoría en la intermedia y luego cuando hay asuntos muy graves, no sé el Poder Judicial qué tanto funciona”, expresó.

Carlos Slim refirió el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), el organismo que encargado de fijar los precios y las condiciones para la interconexión entre empresas de telecomunicaciones.

En este caso, el IFT había determinado un precio diferenciado de interconexión, sin embargo, el Ejecutivo intervino con una nueva Ley que establecía que el costo debería ser "cero".

Este asunto fue llevado a la Suprema Corte de Justicia, donde se tardaron más de dos años en resolverlo, por “un ministro caprichoso”.