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Fraudes en la Modalidad 40: ¿qué ha explicado el gobierno y qué falta por conocer?
La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó los cambios a presuntos esquemas para obtener pensiones indebidas, pero aún no se conocen los casos específicos ni el alcance financiero de las irregularidades.
¿Qué fraudes detectó el gobierno en la Modalidad 40?
El Gobierno federal decidió modificar las reglas de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tras identificar presuntos esquemas fraudulentos que habrían permitido a algunos trabajadores acceder a pensiones superiores a las que legalmente les correspondían. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han explicado públicamente cómo operaban estas prácticas, cuántas personas estarían involucradas ni el monto de los recursos presuntamente comprometidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia matutina del jueves 22 de octubre que la decisión se tomó después de una revisión realizada por un equipo de trabajo del Gobierno federal, cuyo objetivo fue identificar irregularidades relacionadas con el acceso a pensiones elevadas.
La mandataria aseguró que los posibles efectos económicos de estas prácticas ascienden a cientos de miles de millones de pesos, aunque no precisó si esa estimación corresponde a pagos indebidos ya realizados, obligaciones futuras del sistema de pensiones o algún otro concepto financiero.
Las declaraciones se produjeron un día después de la publicación de un acuerdo del Consejo Técnico del IMSS en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual se establecieron medidas temporales para modificar las condiciones de incorporación a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40.
¿Qué fraudes detectó el gobierno en la Modalidad 40?
Durante la conferencia presidencial, Sheinbaum explicó que las autoridades encontraron presuntas irregularidades relacionadas con el otorgamiento de pensiones elevadas, a través de mecanismos que habrían permitido obtener beneficios superiores a los derechos pensionarios de determinados trabajadores.
La presidenta señaló que, a partir de los resultados de una revisión gubernamental, se decidió regular esta modalidad para evitar nuevos casos y garantizar la disponibilidad de recursos destinados al pago de pensiones.
No obstante, la explicación no incluyó información sobre el funcionamiento específico de los esquemas identificados, las disposiciones presuntamente incumplidas ni los mecanismos utilizados para obtener las pensiones señaladas.
Tampoco se dieron a conocer expedientes administrativos, denuncias, investigaciones concluidas o el número de personas involucradas.
Al ser cuestionada sobre la magnitud económica de las irregularidades, la mandataria respondió que se trataba de cientos de miles de millones de pesos, sin presentar una estimación desglosada.
Sheinbaum adelantó que el Gobierno federal podría dedicar una próxima conferencia a explicar con mayor detalle los resultados de las investigaciones y los casos detectados.
Por ello, aunque existe un señalamiento oficial sobre presuntos fraudes, todavía no hay elementos públicos suficientes para establecer cuáles fueron las conductas concretas que motivaron la intervención del Instituto.
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IMSS ya había advertido sobre ofertas engañosas y reforzado su supervisión
Las preocupaciones sobre el funcionamiento de la Modalidad 40 no comenzaron con el acuerdo de octubre de 2026.
Desde junio de 2025, el IMSS había informado sobre la implementación de un mecanismo de supervisión bimestral en sus subdelegaciones, mediante el cual se revisarían solicitudes de reingreso por falta de pago, salarios registrados y semanas cotizadas.
En aquella ocasión, Eduardo Alcaraz Prous, titular de la Unidad de Incorporación al Seguro Social, advirtió sobre la difusión en redes sociales de esquemas que ofrecían pensiones superiores a 60,000 pesos por el simple hecho de ingresar a la Modalidad 40.
El funcionario explicó que obtener una pensión elevada requiere cumplir condiciones específicas, como pertenecer al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, acumular suficientes semanas cotizadas y contar con un salario registrado que permita alcanzar esos montos.
También señaló que, para obtener pensiones superiores a 30,000 o 40,000 pesos mensuales, generalmente se necesitan más de 2,000 semanas cotizadas y un salario reportado cercano al límite de 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA) durante los últimos cinco años.
Las advertencias del Instituto documentan la existencia de ofertas potencialmente engañosas y la necesidad de fortalecer la vigilancia de los registros. Sin embargo, no permiten concluir que esos ofrecimientos sean los mismos esquemas fraudulentos mencionados por Sheinbaum.
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¿Cotizar con un salario elevado constituye un fraude?
Uno de los aspectos que aún requiere mayor claridad es la diferencia entre utilizar legalmente las condiciones de la Modalidad 40 para mejorar una pensión y realizar operaciones que impliquen una simulación o el incumplimiento de las disposiciones de seguridad social.
Antes de los cambios, este esquema permitía a trabajadores que habían dejado de cotizar como asalariados continuar realizando aportaciones voluntarias con un salario igual o superior al último registrado, hasta el límite legal de 25 UMA.
Para quienes pertenecen al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas es uno de los factores utilizados para calcular el monto de la pensión, junto con las semanas acumuladas y la edad de retiro.
Por esa razón, incrementar las aportaciones durante los últimos años de cotización podía traducirse en una pensión mayor, siempre que se cumplieran los requisitos legales.
En consecuencia, el hecho de recibir una pensión elevada o haber cotizado con un salario superior al del último empleo no demuestra, por sí mismo, la existencia de un fraude.
Para determinar si hubo irregularidades sería necesario conocer las conductas identificadas por las autoridades, las disposiciones aplicables en cada caso y los resultados de las investigaciones correspondientes.
Esta distinción cobra relevancia porque el Gobierno federal ha vinculado los cambios con presuntos fraudes, pero todavía no ha presentado públicamente una explicación detallada que permita diferenciar los casos irregulares de quienes utilizaron las reglas que estaban vigentes.
¿Qué medidas tomó el IMSS para evitar irregularidades?
El acuerdo aprobado por el Consejo Técnico del IMSS el 10 de octubre y publicado en el DOF el 21 de octubre de 2026 establece nuevas condiciones para incorporarse a la Modalidad 40.
Entre las principales modificaciones destaca la limitación del salario base de cotización para las nuevas inscripciones. A partir de su entrada en vigor, el 22 de octubre, quienes soliciten incorporarse deberán hacerlo con referencia al último salario registrado antes de su baja del régimen obligatorio, con la posibilidad de incrementarlo hasta en una UMA, conforme a las condiciones del acuerdo.
La disposición restringe la posibilidad que existía anteriormente de elegir un salario considerablemente superior al último reportado, siempre dentro del límite legal.
También establece que las nuevas inscripciones tendrán efectos únicamente desde la fecha de solicitud, por lo que ya no podrán contratarse periodos retroactivos bajo las condiciones anteriores.
Además, el Instituto deberá utilizar mecanismos digitales para realizar las inscripciones, con el propósito de garantizar la trazabilidad y consistencia de los registros afiliatorios.
El documento contempla la creación de un canal de atención para revisar casos especiales relacionados con la implementación de las nuevas medidas.
No obstante, el acuerdo no señala que todas estas disposiciones respondan a un mismo mecanismo de fraude ni identifica cuáles de las prácticas anteriores habrían sido utilizadas de manera irregular.
El costo de las pensiones no equivale al monto de los fraudes
La discusión también ocurre en un contexto de presión financiera para el sistema de pensiones.
De acuerdo con cifras reportadas por El Economista, existen aproximadamente 798,000 pensiones asociadas a personas que pasaron por la Modalidad 40 antes de jubilarse, cuya nómina representa alrededor de 20,508 millones de pesos mensuales.
El gasto anualizado asciende a unos 246,000 millones de pesos, sin considerar el aguinaldo, mientras que la pensión promedio de este grupo es de aproximadamente 25,694 pesos mensuales.
Sin embargo, estas cifras corresponden al pago de pensiones asociadas al esquema y no deben confundirse con los recursos presuntamente obtenidos mediante operaciones fraudulentas.
Tampoco permiten establecer cuántas de esas pensiones presentan irregularidades o si existe alguna relación directa entre el gasto total y la estimación mencionada por Sheinbaum.
Hasta ahora, el Gobierno federal no ha publicado un desglose que permita cuantificar el presunto daño económico ni identificar qué proporción de las pensiones bajo esta modalidad estaría relacionada con las prácticas señaladas.
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¿Qué falta por conocer sobre los presuntos fraudes?
Aunque el Gobierno federal ha explicado que las restricciones buscan evitar el otorgamiento de pensiones indebidas, permanecen sin aclararse aspectos fundamentales para dimensionar el problema.
Entre ellos se encuentran la forma en que operaban los presuntos esquemas fraudulentos, el número de casos identificados, los periodos en que habrían ocurrido, las autoridades encargadas de investigarlos y la existencia de posibles responsabilidades administrativas o penales.
También está pendiente conocer la metodología utilizada para calcular el impacto económico mencionado por la presidenta, así como los resultados del análisis gubernamental que, según explicó, motivó la decisión de modificar las condiciones de la Modalidad 40.
El acuerdo publicado en el DOF confirma que el Consejo Técnico tomó conocimiento de informes presentados por distintas direcciones del IMSS, pero no incorpora sus resultados detallados ni identifica operaciones fraudulentas específicas.
Por otra parte, instruye a la Dirección de Finanzas a realizar un análisis del efecto de la Modalidad 40 sobre la situación financiera del Instituto, con un plazo máximo de seis meses contados desde la emisión del acuerdo.
Una vez concluido, la Dirección Jurídica tendrá hasta seis meses adicionales, a partir de la recepción de los resultados, para coordinar una propuesta de modificación normativa que deberá someterse a consideración del Consejo Técnico.
De esta manera, la regulación ya entró en vigor, pero la explicación pública sobre los presuntos fraudes que la motivaron sigue siendo parcial.
La información pendiente será determinante para conocer si las irregularidades señaladas corresponden a casos aislados, prácticas extendidas o problemas en el diseño y aplicación de las reglas anteriores, así como para evaluar el alcance de las medidas adoptadas por el IMSS.
