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Entra en vigor reglamento para proyectos público-privados de infraestructura estratégica

El documento busca agilizar proyectos de infraestructura bajo esquemas públicos y público-privados con un enfoque de bienestar social.

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Redacción El Economista

La Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en su edición vespertina del viernes, el reglamento de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, el cual considera 320 artículos y 12 puntos transitorios.

La entrada en vigor del documento fue al día siguiente de su difusión, en virtud de la prioridad existente para el desarrollo de infraestructura con participación pública y pública-privada con visión social.

En su primer artículo se precisa que el reglamento es de carácter general, observancia obligatoria y tiene por objeto desarrollar las disposiciones de la nueva ley “relativas a la estructuración, evaluación, instrumentación y seguimiento de los Proyectos para el Desarrollo con Bienestar y de los Vehículos de Propósito Específico (VPE), así como a los mecanismos de coordinación y control aplicables para su implementación”.

Dichos vehículos, de acuerdo con la ley publicada hace un mes, son: Sociedades, fideicomisos públicos o privados o cualquier otra figura jurídica, que permita generar una coordinación efectiva entre los sectores público, privado o social, en materia de infraestructura, sin que su sola constitución implique obligaciones a cargo del Gobierno Federal.

Tras la publicación del reglamento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dentro de los 90 días hábiles siguientes a la entrada en vigor, deberá emitir los lineamientos, criterios técnicos, metodologías de evaluación, análisis de riesgos, formatos, mecanismos de validación, registros operativos y demás disposiciones administrativas necesarias para la adecuada implementación de la ley.

Esas disposiciones incluyen aquellas relacionadas con la incorporación de proyectos, esquemas de fondeo, emisión y validación de constancias, seguimiento financiero, control presupuestario y supervisión de los proyectos procedentes.

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