Gobierno rico con pueblo pobre

La máxima que cimentó tan clara como contundente el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el discurso político de su proyecto transformador de que: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, parece que no permeó lo suficiente en algunos gobernadores de la llamada Cuarta Transformación que, parece, han tomado un rumbo opuesto a la doctrina de la austeridad republicana.

Resulta que hace poco, después de varios años de no visitar el estado de Hidalgo, viajé en compañía de mi esposa a la capital del estado para degustar unos ricos pastes, ya que tenía antojo de esas sabrosas empanadas de origen inglés que combina carne, papa, cebolla y perejil, aunque ahora existe una gran variedad de rellenos, tanto salados como dulces.

Con eso en mente, salimos de la Ciudad de México con rumbo a Pachuca, la bella airosa. Como era fin de semana había poco tránsito por lo que no hubo dificultad para salir de capital del país, salvo un poco de congestionamiento en la salida de los Indios Verdes, pero superado ese tramo, pronto llegamos a nuestro destino.

Me causó sorpresa ver el crecimiento urbano de Pachuca, y más cuando observé dos grandes edificios (torres) que se construyen sobre la vía principal de acceso a la zona centro, en uno de los cuales sobresale un moderno helipuerto, muy similar al que tiene otro moderno edifico cercano, compuesto por dos torres unidas por una larga estructura en la parte alta, asemejando un “pantalón”.

También me impresión un majestuoso puente con tirantes, esos que se construyen para cruzar grandes y caudalosos ríos. Estas grandes obras me hicieron suponer que Hidalgo atraviesa por una boyante economía que le permite realizar grandes inversiones en infraestructura inmobiliaria, como ocurre en las grandes ciudades como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, las cuales, concentran cerca del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional, así como la mayor parte de la recaudación fiscal, permitiendo construcciones innovadoras que atraen inversión extranjera.

Dada la curiosidad que me despertaron esas fastuosas obras, pregunté a la chica que atendía el negocio donde compramos los pastes si sabía de quién eran propiedad esos edificios. Nos explicó, amablemente, que el edifico con forma de “pantalón” era del exgobernador Omar Fayad, y que las dos torres que se construyen eran del gobierno del estado, lo que me sorprendió.

“Seguramente a Hidalgo y a ustedes le va muy bien económicamente ¿Verdad?”, pero la respuesta fue en sentido negativo, pues nos dijo que hay bastantes carencias, como falta de agua, calles y avenidas llenas de baches, y aumento en la inseguridad, invitándonos a visitar las colonias o fraccionamientos populares que se localizan al sur de la capital, para que observáramos la realidad de la situación en la que viven los habitantes de Pachuca y sus alrededores.

De regreso a la Ciudad de México me puse a investigar sobre lo que me comentó la chica de los pastes y sobre las monumentales torres que construye el gobierno de Hidalgo. Gracias a “san Google” me enteré que las torres en construcción, en realidad son el Centro Administrativo y de Servicios para el Pueblo (CASP), un complejo que albergará dos torres administrativas y un helipuerto, que implica un costo de 2,900 millones de pesos, sin contar, la inversión del mobiliario y equipamiento; y que el propietario del complejo Vía Dorada, un conjunto de dos torres habitacionales y centro comercial frente al Parque David Ben Gurrión, es Juan Carlos Martínez, el empresario “consentido” de Omar Fayad.

Para determinar la pertinencia social de esta monumental obra pública contrasté la realidad socioeconómica del estado con datos de organismos oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Si bien la pobreza laboral ha mostrado ligeras variaciones trimestrales, cerca del 38.4% de la población hidalguense percibe un ingreso laboral insuficiente incluso para adquirir la canasta alimentaria básica.

En términos multidimensionales, más del 40% de la población vive en situación de pobreza. Además, regiones como la Sierra Alta, la Huasteca y el Valle del Mezquital arrastran rezagos históricos en acceso a agua potable, drenaje, electrificación y vivienda digna. A ello se suma que más del 45% de los habitantes enfrentan carencia por acceso a servicios de salud y seguridad social. En lo que sí ocupa Hidalgo el primer lugar es en robo de combustibles, el llamado “huachicol”; el tema de la inseguridad también preocupa dado el repunte de casos de hechos violentos, principalmente en las regiones donde se registra el hurto de gasolinas, como es Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Cuautepec de Hinojosa, este último considerado como el epicentro de la extracción ilícita de hidrocarburos.

También, la red carretera estatal y los caminos rurales muestran un severo deterioro, abundan baches y tramos intransitables, lo cual impacta directamente en la productividad, el comercio local y la seguridad de los ciudadanos. Frente a lo anterior, destinar cerca de 3 mil millones de pesos a un complejo administrativo en beneficio de la burocracia gubernamental contrasta visiblemente con las prioridades de desarrollo social.

La justificación del gobierno estatal para la millonaria inversión del CASP fue erradicar el gasto recurrente en arrendamiento de inmuebles, argumentando que dichos pagos beneficiaban a exfuncionarios e inmobiliarias del “viejo régimen”. Sin embargo, al someter esta narrativa al rigor de los números, revelan un balance sumamente cuestionable: Con un gasto anual en rentas de aproximadamente 89 millones de pesos, al Estado le tomaría más de 32 años recuperar la inversión inicial de 2,900 millones de pesos.

Además, el proyecto gubernamental no contempla el costo de mantenimiento operativo, seguridad, elevadores y servicios generales de una sede administrativa con un helipuerto que, resultaría ser, una infraestructura ostentosa debido a que el Estado carece de una flotilla propia de aeronaves tras la venta de tres helicópteros pertenecientes al gobierno de Hidalgo, al final del sexenio de Omar Fayad.

Por cierto, la venta de las aeronaves por un total de 116 millones de pesos, presenta tintes de irregularidad, ya que, con base en avalúos comerciales y de aseguradoras, el valor real de los tres helicópteros superaba los 360 millones, lo que significó una pérdida directa para la hacienda pública de al menos 250 millones de pesos.

Frente a necesidades urgentes de caminos y servicios en municipios marginados, refuerza el cuestionamiento sobre las verdaderas prioridades de inversión pública de la entidad. Y es que esos 2,900 millones de pesos destinados a la construcción del CASP, habrían permitido pavimentar miles de kilómetros de caminos rurales, equipar hospitales regionales o resolver crisis de desabasto de agua en municipios con marginación alta y muy alta.

La narrativa oficial de “primero el pueblo”, de la “austeridad” y la “optimización de recursos” colapsa frente a las matemáticas presupuestales.

Financieramente, mantener el esquema de arrendamiento, o en su defecto, implementar una estrategia gradual de adquisición de inmuebles modestos sin ostentaciones arquitectónicas, hubiera resultado sustancialmente más rentable y fiscalmente responsable para las finanzas públicas de Hidalgo a corto y mediano plazo.

La edificación del CASP no representa una solución financiera eficiente; constituye una decisión de priorización política donde el confort institucional y la majestuosidad inmobiliaria se colocaron por encima de los caminos intransitables y la falta de agua del Hidalgo profundo. Cuando las torres sean operativas en Pachuca y los helicópteros aterricen en ellas, la imagen será innegable en Hidalgo: Un gobierno rico en medio de un pueblo pobre.