Desde el año 2012, fecha de la que las autoridades tienen plena certeza de esta historia, un particular de Querétaro comenzó a vender al público servicios de Internet en su ciudad y después fue expandiéndose por todo el estado y al vecino Guanajuato, con productos por 300 y hasta 500 pesos mensuales.

Se trata de una persona que logró hacerse de cuando menos 200 clientes leales que por años le compraron el servicio, sin que las autoridades notaran su presencia o pudieran sancionarlo.

De esta manera, el particular compitió en los boyantes Querétaro y Guanajuato a poderosas marcas como Megacable y Telmex, que son las empresas más extendidas por esas entidades y reconocidas por el público local con sus productos de Internet.

El particular incurrió en la ilegalidad con la prestación de este servicio, porque no contaba con la concesión pertinente y posteriormente intentó burlar al Instituto Federal de Telecomunicaciones en dos frentes: alegando que contaba con un título que le habilitaba tales operaciones, cuando en realidad el IFT le había entregado el 7 de diciembre de 2017 sólo una autorización que le permitía revender los servicios de terceros y mucho tiempo después de iniciadas las prácticas indebidamente cometidas.

De acuerdo con el expediente P/IFT/060618/422 y el folio FET096470AU-516869 del Registro Público de Concesiones del IFT, el particular consiguió en 2017 una autorización para desplegar y explotar por 10 años una red pública de telecomunicaciones y revender los servicios en la cobertura que ya tuvieran las propias concesiones de aquellos terceros con los que hiciera negocio de reventa, fueran locales, regionales o nacionales.

Transcurrieron seis años antes de que el IFT definiera el 6 de junio pasado la sanción correspondiente para el particular, cuando el regulador determinó los parámetros de la multa, ya que el infractor no contaba registros suficientes para definir la sanción.

 “…Se acreditaron los elementos para determinar que dicha conducta es considerada como grave y por lo tanto se propone una multa a dicha persona por 4,000 unidades de Medida y Actualización, tomando en consideración el número de usuarios que tenía, los montos que cobraba por la prestación de dicho servicio y de igual forma se declara la pérdida de los bienes y equipos empleados en la comisión de dicha infracción a favor de la Nación…”, se lee en el documento de resolución del IFT.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones fijó entonces una multa económica por 301,960 pesos, pero no aclaró si el título de autorización entregado entre noviembre y diciembre de 2017 a este particular seguirá vigente a raíz de la infracción y si puede o no seguir prestando el servicio a sus clientes.