El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana brindó su apoyo a Andrés Manuel López Obrador y a su política de inclusión digital que tiene como objetivo conectar a 50 millones de mexicanos a Internet, a cambio de que el presidente habilite la convergencia de servicios para Teléfonos de México y frene la escisión de su brazo de servicios mayoristas, la llamada separación funcional de Telmex, que el 21 de noviembre empezó una nueva atapa de su proceso con la aprobación los estatutos sociales constitutivos para esa nueva entidad empresarial que entraría al mercado en 2020.

Los telefonistas lanzaron de esta manera un guiño al presidente López Obrador, que durante la campaña presidencial y en su toma de posesión prometió acceso universal a las nuevas tecnologías de la información para los mexicanos más desconectados y servicios de salud, educación y la entrega de los apoyos económicos sociales a través de medios electrónicos como un modo de transparentar el destino final de los dineros públicos

En su último encuentro de 2018 con la prensa, el STRM insistió en que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene metido el acelerador “hasta por nueve meses” en el tema de la separación funcional de Telmex, pues, de acuerdo con su propio calendario de tiempos sobre este proceso y el amparo de corte laboral que presentó y que ya fue admitido por un tribunal especializado, la aprobación de los estatutos constitutivos para las futuras unidades de servicios mayoristas de Telmex y Telnor debió ocurrir más allá de marzo de 2019.

Para los telefonistas, estos hechos no tienen otro matiz que uno de tinte político y de beneficiar a “más de una” empresa del sector de las telecomunicaciones, más allá del interés técnico y económico de equilibrar la competencia en ese mercado; de allí su oferta para llamar la atención del presidente y el amago de –ahora sí– ir a la huelga general el próximo 16 de enero:

“Buscamos la voluntad política de parte del nuevo gobierno; que se privilegie una solución para los trabajadores. No se trata de crear más deuda o de hacer un daño para la economía del país. Pero sí se trata de que también haya convergencia de servicios e inversión de las demás empresas”, dijo Israel Quiñones, uno de los voceros del STRM este viernes, en ausencia de Francisco Hernández Juárez que se encontraba convaleciente de un padecimiento.

Con esta declaración, los telefonistas solicitaron por enésima ocasión que el órgano regulador borre la cláusula 9.1 del título de concesión de Telmex que veda el ingreso de este operador al negocio del video/TV –aunque para ello la empresa también debe solicitar directamente esta habilitación al IFT– y recordaron que es Teléfonos de México la compañía del segmento fijo qué más dinero dirige al despliegue de redes, aún con las pérdidas financieras que la tienen en números rojos

“Podemos apoyar la conexión de 20 millones de personas y todo eso puede ocurrir a partir de que el IFT razone su decisión (sobre la separación funcional), que razone su análisis de revisión bianual (de cumplimientos de Telmex como agente económico preponderante en telecomunicaciones”, planteó el vocero del STRM.

El 21 de noviembre pasado, el IFT validó los estatutos sociales constitutivos de las empresas resultantes tras las separaciones funcionales que ordenó para Telmex y Telnor como una medida para equilibrar el mercado de las telecomunicaciones con la existencia de dos nuevos proveedores de capacidad y que seguirán perteneciendo al grupo América Móvil, pero con marca e identidad propia y operación financiera y comercial separada de Teléfonos de México y de Teléfonos del Noroeste.

Con base en este mandato, el STRM y Telmex/Telnor están obligados a definir el número de trabajadores que pasarán a integrar las nuevas empresas mayoristas. De momento, el Sindicato de Telefonistas acepta que no ha definido fechas y ni una cifra oficial de los empleados que deberán migrar de una compañía otra; o si también se traspasarán jubilados a las nuevas entidades, pues confían en que su amparo prosperará en los tribunales.

“El IFT regula telecom, pero no puede decir qué hacer y qué no hacer con los trabajadores; ni tampoco puede ordenar mandar a trabajar a las trabajadores de una empresa a otra empresa o cuándo. La decisión está afectando a cerca de 60,000 compañeros; a 32,000 en activo”, aseguró Quiñones. El STRM había estimado que serían 14,000 telefonistas de planta exterior los que irían a las mayoristas de Telmex/Telnor.

México cerró el año 2017 con 79.1 millones de personas con acceso a Internet y durante el gobierno de Enrique Peña Nieto el grupo social de ingresos bajos fue el que más conexiones logró, hasta totalizar 12.7 millones, pero todavía en vida del mismo sexenio peñista se reconoció desde el gobierno federal que había 50 millones de mexicanos con necesidad de Internet y que el programa e-México se quedó lejos de su meta por los recortes de su presupuesto.

Eso lo sabe el Sindicato de Telefonistas y por eso ofreció su apoyo y la presentación de una propuesta técnica al presidente López Obrador para conectar a 20 millones de mexicanos a Internet, a aquellos que habitan zonas inaccesibles para la cobertura de las telecomunicaciones cableadas o inalámbricas y fijas o móviles y a donde distintos actores de la industria no han querido o podido ingresar por no asegurar la rentabilidad del negocio, pero donde la red cobre/fibra de Telmex –sobre todo el llamado legacy– sí llega o está por hacerlo.

Quiñones recordó a la prensa que la Red Compartida, resultado de una política pública del gobierno de Peña Nieto y aún con sus plazos fatales de cobertura, tiene todavía un alcance limitado como para que López Obrador pueda apostar todo su programa de gobierno en materia digital a esa empresa, mientras que el proyecto de la Red Troncal ha visto más de un tropiezo en su licitación y desconfió que su adjudicación se consiga en marzo de 2019, como se tiene programado desde el gobierno federal en nuevo calendario.

La red de Telmex, platicó, cuenta con más de 300,000 kilómetros de redes de cobre y fibra óptica, superiores en extensión a las de, por ejemplo, Megacable o Bestel, que rondan los 60,000 kilómetros de fibra óptica en la escala nacional, suficientes para buscar con la cúpula de Telmex la posibilidad de diseñar una política pública en la que esa empresa sea un actor importante en el empuje de Internet.

“Esto es lo que sabemos y esto es lo que tenemos. Y por lo que entendemos de que ya aprobaron los estatutos de la empresa mayorista, no podemos tener razones para hacer una prórroga de la huelga, por lo que, de momento, se mantiene esa situación programada”.