La suspensión de la Norma Oficial Mexicana O51 (NOM-051) de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados es un “procedimiento a modo”, de distracción por parte del sector empresarial en México, y atenta contra la salud de los mexicanos, dijo la Alianza por la Salud Alimentaria.

“Esta suspensión es una estrategia de distracción. Buscan evitar la aplicación de la NOM-051 que atiende la respuesta de reformas de la Ley General de Salud, en particular, los artículos 202 y 215 que refieren que el etiquetado debe ser veraz y de fácil comprensión y que atiende a los derechos de salud”, dijo Quetzalli Ramos, abogada experta en salud en reunión con medios de comunicación.

Lo anterior luego de que el Consejo Coordinador Empresarial diera a conocer que un juez otorgó a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin) la suspensión provisional del proceso de creación del NOM-051 y que paralizara “por el momento” la publicación de la norma.

De acuerdo con los integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria, el miércoles se dará a conocer la decisión de la jueza sobre si cancela la suspensión, o bien se realiza la suspensión definitiva —que implica la cancelación de la publicación de la NOM-051 y, por tanto, del nuevo etiquetado—, misma que puede ser impugnada por el gobierno, en este caso se espera sea realizada por la Secretaría de Economía, de Salud o la misma Cofepris.

“Lo que se esperaría es que, en esta semana, se decida si se otorga la suspensión definitiva o no”, refirió Javier Zúñiga, coordinador legal en El Poder del Consumidor.

Los especialistas de la asociación civil explicaron que este tipo de estrategias, como recurrir al Poder Judicial para obstaculizar los etiquetados de advertencia, también fue utilizada en Chile y Perú; no obstante, en dichos países se apoyó a las políticas de salud pública, “a tal grado que en Chile podemos afirmar que el Tigre Toño se fue gracias a que un tribunal protegió la salud de los infantes”.

Para el coordinador legal en El Poder del Consumidor, la industria tiene intereses muy fuertes incluso anteponiendo la salud de las personas. Además, detalló que se contraviene lo que establecen los supuestos de la propia Ley de Amparo.

“Uno específico, de cuando no se debe conceder, es cuando se atenta al interés social. Cuando el acto de la jueza pueda afectar el interés social, léase la salud pública de las personas o contravenga disposiciones que ataquen una enfermedad o una pandemia, entonces no se debe otorgar la suspensión”, afirmó Zúñiga.

Por ello, la Alianza por la Salud Alimentaria también hizo un llamado a la jueza séptima de Distrito, Laura Gutiérrez, “confiamos que no se dejará distraer por Concamin y que no aceptará la suspensión, porque es ir en contra del interés social de los mexicanos, donde tenemos epidemia de diabetes, sobrepeso y obesidad”, expresó Quetzalli Ramos.

Ana Larrañaga, coordinadora de la coalición ContraPESO, destacó que en las reuniones en las que se deliberó sobre el nuevo etiquetado cerca de 60% de los participantes pertenecían al sector empresarial, “eran los que no estaban de acuerdo con etiquetados claros. En contraparte, los que sí eran académicos, secretarías de Estado y agencias internacionales”, indicó.

estephanie.suarez@eleconomista.mx