Un cartel en pleno funcionamiento que involucra a las principales empresas de transporte de valores en Chile fue desbaratado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). El organismo acudió hasta el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) con un requerimiento contra Brink's, Prosegur y Loomis y seis de sus principales ejecutivos, por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre 2017 y 2018, los que afectaron a entidades bancarias y cajas de compensación, entre otras.

La Fiscalía pidió que apliquen las sanciones más altas que haya solicitado de manera individual -conforme establece la última reforma legal de 2016-, las que totalizan 81,585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a unos US63.4 millones.

Así, para Brink's Chile pide US30.5 millones y para Juncadella Prosegur Group Andina el monto es de US25.8 millones. Por su parte para Loomis la sanción pedida asciende a unos US6.4 millones.

"Este cartel se desarrolló luego de la entrada en vigencia de la última modificación de la ley de competencia y eso nos ha permitido solicitar las multas individuales más altas que hasta ahora haya conocido nuestro sistema de libre competencia, dando el primer paso que exige la ley para una eventual persecución penal del mismo", dijo en una declaración el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.

La autoridad se fue de lleno en contra de los ejecutivos, lo que abre la posibilidad de que estos terminen en cárcel, como lo establece la legislación de 2016.

El cartel alcanzó a funcionar al menos dos años. Primero entre Brink's y Prosegur y, luego, con Loomis, tras haber adquirido Wagner. Las empresas definieron conjuntamente valores asociados a cada servicio que entregaban. Más de una vez rechazaron solicitudes de firmas para aumentarlos, para no afectar el pacto que tenían con sus competidores, se detalla en el documento.

Un ejecutivo de Brinks -Alberto Bálsamo- tenía un pendrive encriptado -al que se logró acceder con apoyo de EU- donde había planillas de la ejecución de los acuerdos. Los ejecutivos tenían apodos para ser identificados: "los locales", "el sedal", "el portugués" y "el pelao".

La disciplina era tal que, en una oportunidad, Itaú le ofreció a Loomis atender 100 cajeros automáticos adicionales, para reemplazar a Brinks. Se buscaron varios pretextos para no asumir esas nuevas funciones. Incluso se buscó una estrategia conjunta con las otras empresas, para evitar un conflicto entre ellos. Según el requerimiento, al menos habrían sido afectados directamente BancoEstado, Santander, Itaú Chile y Caja Los Héroes. El presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, declaró que la banca "rechaza cualquier acción de colusión".