Un juez argentino procesó este martes al exministro de Planificación por supuestamente haber favorecido a la constructora brasileña Odebrecht con contratos para la ampliación de gasoductos.

En una de las causas judiciales en la que se investiga a Odebrecht en Argentina, el juez federal Daniel Rafecas consideró sospechosos al exministro Julio De Vido, al exsecretario de Energía Daniel Cameron y a dos ex subsecretarios de esa cartera de haber realizado a partir de 2005 negociaciones incompatibles con la función pública, delito que contempla una pena de hasta seis años de prisión, informó el Centro de Información Judicial.

De Vido -considerado el ministro más poderoso de los gobiernos de Cristina Fernández (2007-2015) y su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007)- fue desaforado en octubre como diputado a pedido de un juez y cumple actualmente prisión preventiva por un presunto fraude al Estado a través de la modernización de un yacimiento de carbón en la Patagonia. Además afronta otras investigaciones, como las supuestas irregularidades en la compra de gas licuado y la adquisición de trenes en mal estado a España y Portugal.

Según Rafecas los procesados realizaron una serie de actos para que la constructora brasileña obtuviera contratos para la ampliación de gasoductos entre 2006 y 2008. La obra estaba presupuestada inicialmente en más de 2,300 millones de dólares.

Se trata del primer procesamiento dictado por la justicia argentina en una de las causas vinculadas al escándalo del pago de sobornos en distintos países por la empresa brasileña.

Durante la pesquisa se descubrieron notas y decisiones administrativas, incluyendo un “memorándum de entendimiento” entre Odebrecht y la secretaría de Energía, de las que se concluye que todo el proceso licitatorio “habría estado enderezado desde un principio a la adjudicación del negocio a Odebrecht”, indicó el Centro de Información Judicial.

El juez sospecha que De Vido creó el “marco normativo necesario” para que se procediera a una licitación privada “que finalmente le adjudicó, en un proceso sospechado, el negocio a Odebrecht”.

La investigación del juez Rafecas abarca el tramo hasta la adjudicación de la obra de infraestructura a Odebrecht. En tanto el período posterior, para el desarrollo y pago de la obra y por el cual la empresa reconoció el pago de sobornos ante la justicia Estados Unidos y Brasil, es investigado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Los escándalos de corrupción derivados de Odebrecht en Latinoamérica han salpicado a altos funcionarios de la región.

edrp