El convenio celebrado entre Telefónica y AT&T sobre compartición de infraestructura de última milla inalámbrica, con el que posiblemente y de manera gradual Movistar regresará al Estado bandas de frecuencias que no le sean de utilidad, significa un aviso para la política pública del gobierno mexicano en cobros por explotación de espectro radioeléctrico, alertó el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Contreras Saldívar.

Los operadores del sector contribuyen a la recaudación del Estado con altos gravámenes establecidos hace una década en la Ley Federal de Derechos en materia de espectro, cuando el sector era otro, con distintos modelos de entrega de señales para su aprovechamiento y para servicios que ahora han pasado a segundo plano para el consumidor, por lo que es una necesidad de la industria que el Congreso y la Secretaría de Hacienda redefinan los criterios de pagos de derechos, de cara al despliegue de redes de comunicación de nueva generación que pronto demandarán fuertes inversiones por parte de las telefónicas.

Gabriel Contreras, en su visita al foro Innovation Day Latin America 2019 organizado por Huawei, CAF, Celac y DPL News, platicó que en otros mercados se han aplicado modelos en cuanto entrega de espectro en los que no se cobra un pago por las frecuencias, a cambio de que los operadores desplieguen redes en las poblaciones con ausencia de cobertura de servicio; en tanto que en otros lugares se colocan bandas con menores costos por pagos de derechos y México está en tiempo de analizar las alternativas que empaten con su propia realidad de mercado.

Al jefe del IFT se le preguntó por la posibilidad de que el órgano regulador establezca una política de moratorias en cuotas de espectro, como aquellos anunciados recientemente en India con una duración de dos años y con la intención de que los operadores de allí desplieguen pronto redes 5G en las regiones donde haga sentido hacerlo. Contreras Saldívar dijo que el regulador está en la disposición de hacer lo que esté en sus atribuciones técnicas y legales para hacer más accesible el espectro a la industria y el cobro del mismo:

“Las soluciones son múltiples. Algunos países licitan espectro y no cobran nada, pero si imponen obligaciones de cobertura; otros cobran poco e imponen obligaciones muy específicas (…) Nosotros buscaríamos un modelo de llave en mano. En este momento los pagos de derechos derivan de la Ley Federal de Derechos y es una decisión que le correspondería al Congreso y habría que allegarle todo los elementos necesarios y lo mismo con la Secretaría de Hacienda. Habrá que cuestionarnos cuál es la alternativa”, dijo el jefe del IFT.

“Si buscamos inclusión y cobertura, una de las alternativas que se han puesto en todo el mundo está en que toda la nueva inversión que hagan los operadores en aquellos lugares que hoy no tienen conectividad, que pueda ser acreditada contra el pago de ese tipo de contribuciones en alguna medida y esto asegura que los operadores van a hacer inversiones que estarán alineadas con los objetivos de inclusión y cobertura. Eso es sólo una alternativa, pueden haber muchas otras”.

Si Telefónica termina por regresar frecuencias en México, derivado del acuerdo sobre uso de infraestructura de AT&T, este hecho no implicaría una sanción para la compañía, dado que encontraría sustento en la causal de renuncia de frecuencias, pero el Estado recaudaría menos ingresos por este rubro.

Un retorno de las señales a mediano o largo plazos también significará que el IFT considerará qué hacer con las frecuencias, si colocarlas nuevamente en el mercado o asignarlas como espectro para uso libre.

Telefónica ha comentado en el último año que los pagos por el uso del espectro en México se han incrementado en 20% por la inflación, mientras que los precios de servicios han caído 40% desde 2014 y a la fecha todos los desembolsos por aprovechamiento de frecuencias equivalen, al menos, al 12% de sus ingresos generales de 2019.

El regulador, en coincidencia, animó al Congreso a analizar la política pública sobre cobro de espectro.

“Si hay espectro que vaya renunciando, el Estado tendrá que decir qué hacer con ese espectro; puede ponerlo en el mercado otra vez, utilizarlo en otros proyectos. La renuncia (si la hay) no sería de un día para otro; dejar el espectro sería gradualmente”, comentó Gabriel Contreras, presidente del IFT, y añadió:

“Con su acuerdo comercial que les permita usar la última milla de otro operador, eso significa pérdida de recaudación (para el Estado por los altos costos). Es una llamada de atención para todos los involucrados. El costo del espectro puede orientar ciertas decisiones”.