La discusión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el apoyo de su mayoría legislativa en el Congreso de la Unión, contra funcionarios del Poder Judicial y otros de distintas áreas del Estado mexicano, relacionada con la intención de reducir salarios de algunos funcionarios públicos, debe mirarse entendiendo que forma parte de una dinámica de pesos y contrapesos entre los poderes, aseveró el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ), Pedro Salazar.

Eso quiere decir, continuó, que el Poder Judicial está para controlar las decisiones del Poder Ejecutivo y del Legislativo.

En entrevista explicó que esta situación genera tensión a los poderes que van ser controlados por el Judicial, es decir el Ejecutivo y el Legislativo.

Inevitablemente, cuando se trata de los mecanismos de control constitucional, hay una dimensión técnico jurídica, que es la que esperamos que prevalezca, sobre todo en la argumentación de las decisiones y lo que buscamos es que los juzgadores decidan conforme a derecho, no conforme a sus convicciones, pero cuando se trata de decisiones de control ante los otros poderes de la unión, inevitablemente hay una dimensión política, insistió.

Incluso mencionó que eso en la teoría constitucional se llama “de dificultad contramayoritaria”, que se configura cuando al Poder Judicial (si fuera el caso, porque todavía no decide) le toca la difícil tarea de corregirle la plana, en este caso, al partido que tiene la mayoría legislativa y la Presidencia de la República.

Es decir, hay una mayoría política-electoral que podría ser corregida y redireccionada por parte de un órgano de control constitucional. Eso inevitablemente tiene una dimensión política.

Dijo que lo que es de esperarse de este asunto es que se imponga la responsabilidad institucional; de entender de que esto es así, que hay quienes toman decisiones y hay quienes están para revisar esas decisiones.

Es una ley técnicamente defectuosa

El constitucionalista explicó que tenemos al Ejecutivo impulsando una propuesta que ha sido una de sus batallas políticas más importantes de campaña, con la ventaja para él que tiene una mayoría legislativa que ha secundado su propuesta.

Asimismo, destacó que la ley en cuestión tiene la característica que es técnicamente muy defectuosa. “Fue muy descuidada en su confección y a las leyes defectuosas es más fácil combatirlas judicialmente”.

Expuso que eso se pude solucionar por dos vías: por la vía del control constitucional, que para eso está la Corte y para eso están los jueces o por la vía de la reforma legislativa, es decir, la propia mayoría del partido en el gobierno podría revisar el diseño de la ley y hacer una ley que sea más adecuada al marco constitucional, sino también al objetivo que persiguen y a la protección de los derechos que están en juego.

También indicó que no hay que perder la vista que tenemos un Poder Legislativo que, secundando a la mayoría de su Ejecutivo, por un lado impulsa la legislación, pero una parte de los legisladores, ejerciendo las facultades que les da la propia Constitución, también combate judicialmente la ley.

La ley ha sido combatida por algunos funcionarios del Poder Judicial, pero en su gran mayoría los demás son de otros órganos del Estado, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los legisladores que lograron 33% que establece la Constitución para poder interponer la controversia constitucional.

En opinión de Salazar, lo importante es que el Poder Judicial está obligado a impartir justicia, no necesariamente a darle la razón a alguien en particular, pero sí a recibir los casos y estudiarlos y pronunciarse sobre ellos.

En ese sentido, el Poder Judicial no puede ser omiso “o mirar para otro lado”: van a tener que estudiar el fondo y tomar una sentencia aunque en alguno de los casos sean juzgadores los que se hayan amparado, abundó.

Dejó claro que él no cree que en el caso de todos los juzgadores lo que estén defendiendo sean privilegios, sino que también están defendiendo su derecho a una remuneración adecuada para las funciones para las que llevan a cabo, aunque, dijo, pero también es cierto que es necesario revisar tabuladores porque hay algunos dentro del Poder Judicial de la Federación que cuando se integra todo lo que perciben sí son montos muy altos.

Dijo que esa situación también ha generado incertidumbre en otras áreas de la gestión del Estado mexicano.

Los Focos del tema

—¿Cuál es el fondo de esta discusión.? ¿Ante qué estamos?

Tenemos, por un lado, al Ejecutivo impulsando una propuesta que ha sido una de sus batallas políticas más importantes de campaña, con la ventaja para él que tiene además una mayoría legislativa que ha secundado sus propuestas.

Hay que decirlo, al margen con una ley técnicamente muy defectuosa.

Eso hay que decirlo porque es una de las variables que en esto gravita de una forma muy importante.

La ley que aprobaron es una ley que fue muy descuidada en su confección.

Hay que decirlo porque a las leyes defectuosas es mas fácil combatirlas judicialmente. En tercer lugar, tenemos un Legislativo que secundando a la mayoría de su ejecutivo, por un lado impulsa la legislación, pero una parte de los legisladores, ejerciendo las facultades que les da la propia Constitución, también combate judicialmente la ley.

Eso no hay que perderlo de vista.

Pedro Salazar Ugarte

•  Es licenciado en Derecho y doctor en Filosofía Política.

•  Es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Se ha desempeñado como:

•  Integrante del Grupo Nacional Mexicano de la Corte Permanente de Arbitraje dela Haya.

•  Forma parte del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM y es miembro de honor del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados.

•  Profesor de Teoría De La Constitución, Teoría Política Y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM.

•  Es profesor en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Ha desarrollado estancias de investigación en Italia y en Argentina.

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