Rivada Networks interpuso este lunes un juicio de amparo ante un juez de distrito en materia administrativa contra su descalificación por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del proceso de licitación de la Red Compartida anunciado el viernes pasado.

El recurso legal que la compañía irlandesa presentó perfila básicamente dos escenarios: 1. que el amparo sea sobreseído, en virtud de que el juez considere que no le asiste la razón, y entonces el desechamiento puede ser combatido al final del procedimiento, cuando se anuncie el fallo la licitación; 2. que el amparo sea admitido y estudiado por el juez y entonces se plantearía el dilema de suspender o no el procedimiento.

Esto complicaría aún más el nacimiento de la Red Compartida, un proyecto de telecomunicaciones que a la fecha se acerca a los 23 meses de retraso, según el mandato original de la Constitución. La SCT confía en que la Red Compartida deberá estar operando a partir del 1 de marzo del 2018.

Rivada pudo echar mano de las acciones legales a su alcance, como interponer una queja ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), que cuenta con las facultades para intervenir en el caso, o haber presentado un recurso de inconformidad para solicitar al superior jerárquico en la SCT, el secretario de Comunicaciones y Transportes, una revisión del desechamiento de su propuesta y quien tiene la facultad para dar la razón a Rivada o respaldar la decisión de sus subalternos de eliminar su propuesta. Pero la empresa se decantó por presentar un amparo.

La SCT descalificó el viernes 4 de noviembre a Rivada Networks del proceso de licitación de la Red Compartida, con el argumento de que la compañía no presentó en tiempo y forma la garantía de seriedad por 1,000 millones de pesos que se establece en las reglas del concurso. Rivada se reservó ese día su derecho de impugnar la decisión de la Secretaría de Comunicaciones y este lunes lo hizo efectivo presentando un amparo.

Aunque este es un proyecto de telecomunicaciones, su desahogo no será llevado por los tribunales especializados en el sector, pues éstos tienen responsabilidad con las acciones del IFT; el proceso de la Red Compartida es liderado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de ahí que el recurso legal tuvo que haber sido presentado ante un juzgado de distrito en materia administrativa, explicó Agustín Ramírez, abogado especialista en telecomunicaciones del bufete Ouraboros.

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La legislación aplicable en la materia es la Ley de Asociaciones Público-Privadas y también la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ésta, más acorde con las controversias y recursos de revisión, en caso de que Rivada hubiera elegido esta acción. De haber escogido ese camino, Rivada tenía 15 días para solicitar su recurso de revisión para cuestionar la descalificación.

El recurso debe resolverse por el superior jerárquico, salvo que el acto haya sido emitido por el mismo titular de la SCT, en cuyo caso lo debe resolver él mismo. La resolución puede confirmar la decisión o revocarlo en forma parcial o total, modificándolo en algún aspecto u ordenar que se emita uno nuevo en otro sentido, por ejemplo, que se acepte la propuesta y siga su curso el procedimiento , dijo Ramírez.

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Si el echar mano del recurso de revisión no resultara favorable a Rivada Networks, el demandante tiene la posibilidad de presentar un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro de los 45 días posteriores a la notificación. Pero esta nueva posibilidad aún podría venirse abajo al no ser aceptado por los jueces con base en el artículo 59º de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, que deja entrever que Rivada Networks debería esperar al fallo definitivo de la licitación para inconformarse.

Ahora, con el amparo los escenarios que se advierten básicamente son dos, insiste el experto de Ouraboros: El juez puede admitir el amparo, pero no significa que lo vaya a estudiar, pues una vez admitido puede sobreseerlo, en virtud de que en términos de la Ley de Asociaciones Público-Privadas los vicios o irregularidades dentro del procedimiento deben argumentarse y combatirse hasta el fallo. Esto significaría que Rivada tendría que esperar a que se emita el fallo y hasta entonces promover el amparo, en el cual daría los argumentos de cómo es que el desechamiento de su propuesta le causó agravios suficientes para vulnerar sus derechos .

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El otro escenario, de acuerdo con Ramírez, es que se admita el amparo "y que un juez defina suspender el proceso y pronunciarse en el sentido de ordenar una modificación a esta resolución de desechamiento o ratificar que fue bien desechado, pero no parece mucho que esta hipótesis pueda prosperar porque en términos de la Ley de Asociaciones Público-Privadas cualquier vicio en el procedimiento se tiene que impugnar hasta el momento en que se emita el fallo .

Con la presentación de su inconformidad en los juzgados, Rivada Networks tuvo que haber pensado en una bolsa de recursos financieros ante la posibilidad de que un juez ordene la suspensión de los actos, como firmar los contratos de adjudicación de la Red Compartida en tanto se resuelve la demanda de Rivada y que ésta empresa garantice los recursos para cubrir los posibles daños y perjuicios que podría ocasionar una eventual suspensión.

Si esta posibilidad se diera, el juez podría tomarse entre seis meses y un año en resolver su opinión.

Rivada Networks tendría que barajar una garantía cuyo equivalente rondaría entre el 10 y el 30% de su propuesta económica que haya presentado para hacerse ganador del proyecto.

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Todo hace suponer que la SCT se apresuró, ya que pudo haber esperado a que Rivada presentara el documento por el cual fue desechada la propuesta, pues en términos de la Ley de Asociaciones Público-Privadas este factor no se trata de un elemento sustancial que pudiera afectar la solvencia del procedimiento. Aunque, en su caso, el otro consorcio hubiera tenido elementos para exigir la descalificación de Rivada, en cualquier caso, complicando el proceso.

Agustín Ramírez preguntó qué hubiera pasado si la Secretaría de Comunicaciones aceptaba a destiempo la garantía de seriedad de Rivada Networks, cuestión que ahora puede llevar a la Red Compartida a retrasarse otro año más: Pudieron haber seguido con el procedimiento y al momento de emitir el fallo, establecer cuáles fueron las condiciones de cada una de las partes, pero desecharlo en ese momento, cuando había por escrito que Rivada presentaría su garantía… Es decir, aceptan la propuesta y entonces el otro consorcio es el que se hubiera inconformado y sería entonces un pleito entre particulares, donde entraría un juez a decidir, pero descalificarlo así… Cualquier abogado pudo haber advertido (a la SCT) que se les venía todo este problema legal .

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