A pesar de los dos atrasos que han tenido los legisladores de las Comisiones de Trabajo y Crédito Público para dictaminar la reforma en materia de subcontratación, “existe un plazo para la aprobación, y es este periodo de sesiones que concluye el 15 de diciembre”, afirmó el diputado Isaías González Cuevas.

Asimismo, descartó que se dé un trabajo a marchas forzadas, “ya se está trabajando en el predictamen y sabemos que será en sentido positivo”, por lo que esperar “algunas observaciones de forma, más no de fondo”, no es ningún problema para que se presente a votación la próxima semana.

En entrevista expuso que hay un artículo intocable en su redacción, se trata de Artículo 13, “ahí quedó plasmado que está prohibido trasladar a la totalidad de los trabajadores a otra empresa, lo que hacen las insourcing; como también prohíbe que la empresa que recluta el personal se convierta en patrón”.

Añadió que “después de tres Parlamentos Abiertos, uno en el Senado de la República y dos en la Cámara de Diputados, ya tenemos claro que los empresarios buscan que se revise y se modifique el porcentaje que se otorga a los trabajadores por concepto de utilidades. Actualmente es el 10% y han señalado que es muy alto y los deja fuera de competitividad; pero ese asunto se tiene que revisar de manera independiente, no dentro de la iniciativa de reforma en outsourcing”.

El diputado, quien también encabeza la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), declaró que “hay muchos patrones que ya entendieron que viene un cambio, no así los del outsourcing y hay que dejar en claro que no son ellos los que generan empleo; sino los patrones, las empresas y ellos seguirán destinando un presupuesto para la contratación de sus trabajadores”.

Dijo que el cambio que esperan realizar al Dictamen al interior de la Comisión de Trabajo, que se encuentra instalada en sesión permanente al igual que la de Hacienda y Crédito Público, es la del tiempo en el que aplicará la reforma, pues en los artículos transitorios de la iniciativa del Ejecutivo se habla que entraría en vigor el primero de enero de 2021, y se da un plazo a los empresarios para regularizarse que les parece insuficiente.

kg