México llegará a una capacidad instalada de 7,800 megawatts eólicos al cierre del 2021, lo que implicará un incremento anual de 9%, con un aumento máximo de 700 megawatts que entrarán en operación a lo largo del año. Sin embargo, esto será todo el incremento esperado a lo largo de la presente administración, dadas las condiciones de incertidumbre jurídica, como un total de 400 amparos en proceso contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, y falta de robustez en la red de transmisión nacional.

Así lo expuso Leopoldo Rodríguez Olivé, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) durante la presentación del Congreso Digital México Windpower 2021, que el 26 y 27 de mayo cumplirá 10 años de celebrarse en el país. 

Desde la primera emisión de este congreso en el país, el aumento en la capacidad instalada eólica ha sido de prácticamente cero a 7,154 megawatts al cierre del 2020, con 68 parques instalados y en operación en 14 entidades del país, explicó el empresario. En ese lapso se han reducido en 70% los costos de generación de esta tecnología y hoy se generan 16,000 empleos directos relacionados con esta industria. 

Sin embargo, en juzgados especializados en competencia se analizan el día de hoy un total de 400 amparos por parte de distintas empresas que argumentaron violación a derechos adquiridos luego de la modificación del poder ejecutivo aprobada por el Congreso para cambiar el orden de prelación de despacho privilegiando la generación de la Comisión Federal de Electricidad. Además, la Comisión Federal de Competencia Económica interpuso también ante la Suprema Corte su controversia constitucional por la invasión de sus facultades que representarían los cambios a este ordenamiento. 

“Hay dos cosas importantes que no podemos perder de vista: no en todo el país se genera la misma cantidad de energía por tecnología, la eólica tiene puntos específicos con un alto potencial, pero se necesita una red robusta que permita transportarla, además de que las inversiones se paralizan si no hay certidumbre jurídica y reglas claras a lo largo del tiempo”, dijo el empresario. 

Rodríguez Olivé explicó que aunque se encuentran suspendidos los ordenamientos de la reforma, los inversionistas analizan las posibilidades de llegar al país, dado que no existen sentencias que anulen definitivamente las modificaciones, mientras que la presente administración continúa emitiendo ordenamientos que afectan la inversión privada, como la reforma a la Ley de Hidrocarburos. 

Por lo pronto, la instalación de parques eólicos contratados a largo plazo por la CFE dentro de las tres subastas de la administración pasada lleva un avance de 85% y únicamente falta un megaproyecto que se mantiene en el trámite de consulta libre e informada a los pueblos indígenas de la región. 

Los 700 megawatts que entrarán en operación en 2021 prácticamente ya están construidos y forman parte de la contratación de estas subastas por lo que sólo están en espera de pruebas para interconexión y arranque de operaciones. 

Hasta el momento, en México se han invertido 13,000 millones de dólares en la capacidad eólica actual, que representa poco más del 8% de la instalación eléctrica nacional. Al concluir la administración pasada, y dado el potencial del viento en regiones como Tamaulipas y Oaxaca, entre otros, se esperaba superar el 10% de la capacidad instalada al 2024, pero los arreglos que se obtuvieron como exceso de socios de autoabasto o exención del pago de transmisión por considerarse energía renovable, han llevado a que la CFE tenga pérdidas al otorgar apoyos a privados que invierten en el sector, lo que ha provocado los desacuerdos y las modificaciones legales que hoy se desahogan en el poder judicial. 

La capacidad eólica instalada hasta el año pasado se quedó 12% por debajo de la última prospectiva del sector eléctrico de la administración pasada, que en 2018 aseguró que se llegaría a una capacidad de 8,128 megawatts instalados. 

Al 2021, la proyección con el crecimiento inercial que se llevaba llevaría a que en el país la capacidad instalada eólica fuera de 8,862 megawatts, pero además, al cierre de la presente administración en 2024 se llegaría a 14,414 megawatts instalados, volumen que no se alcanzará con las acciones tomadas por inversionistas luego de las modificaciones legales que ha realizado el ejecutivo desde marzo del año pasado. 

Esta participación de la energía eólica prevista sería de 14% de la capacidad, más del doble de la participación que tienen hoy estas plantas en el país. 

“Estamos en la disposición de colaborar con las autoridades y cualquier actor del sector para que el crecimiento eólico se materialice nuevamente, como la palanca de desarrollo que necesita el país frente a la realidad del calentamiento global, que ya es una realidad de hoy”, dijo Leopoldo Rodríguez Olivé.

Afirma AMLO

Gobierno defenderá en tribunales cambios en Hidrocarburos

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno tiene el derecho de oponerse en tribunales y ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por las suspensiones indefinidas que otorgaron dos jueces federales, las cuales impiden la implementación de las reformas -que él promovió- a la Ley de Hidrocarburos.

“Todavía es un proceso que se va a concluir en la Corte, es lo más probable, porque se trata de una ley aprobada en el Congreso”, dijo López Obrador en su habitual conferencia matutina en Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo federal argumentó que sin la implementación de dichas reformas continuará el robo de combustible e incremento en el precio de las gasolinas.

“También nosotros tenemos la posibilidad de oponernos, desde luego con argumentos, a que el Estado pueda garantizar que no haya estos robos y que podamos cumplir el compromiso de que no aumente el precio de las gasolinas, del diesel y de otros combustibles”, expresó.

El lunes pasado, los dos jueces especializados en competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza López, otorgaron suspensiones indefinidas -con efectos generales- a empresas del sector energético, para impedir que se les apliquen dichas reformas a los negocios de refinación, transporte, comercialización, almacenamiento, exportación e importación de productos petrolíferos que tienen con Petróleos Mexicanos (Pemex).

Por separado, en sus resoluciones, coincidieron en que los cambios normativos a la Ley de Hidrocarburos otorgan una ventaja competitiva a Pemex, lo que permitiría que retome el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética, aprobada en 2013.

El presidente López Obrador fustigó nuevamente contra los jueces, e ironizó que “son muy eficaces cuando se trata de defender intereses de grupos o de particulares con recursos económicos, no así cuando se trata de amparar y de proteger al pueblo, esa es una deformación que se trae sobre el funcionamiento del Poder Judicial”. (Con información de Jorge Monroy)

karol.garcia@eleconomista.mx