El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG) demandó a los diputados a no aprobar la iniciativa de reforma a la industria eléctrica, ya que impactos jurídicos, económicos, ambientales y sociales serán mayúsculos, y pondrán en riesgo el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna.

El organismo privado con más de 50 empresas multinacionales con presencia en México, entre ellas General Motors, Coca-Cola, General Electric, Exxon Mobil, Microsof, Shell, entre otras, dijo que “ven con preocupación” la Iniciativa de Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el Ejecutivo federal al Congreso, que de aprobarse en los términos propuestos, generará impactos negativos transversales en la economía mexicana.

Entre las principales afectaciones se encuentra obtener energía más cara, cuyo costo se trasladará a la tarifa que pagan los consumidores (familias y empresas) y a los costos de bienes y servicios finales, impactando a la productividad de México, o bien a los contribuyentes, de establecerse subsidios adicionales a las tarifas eléctricas.

Además de incertidumbre para la inversión, al establecer criterios técnicos discrecionales e imponer restricciones súbitas a los productores para el acceso a la red de transmisión y distribución, dañando inversiones ya realizadas con estricto apego a la legalidad y que han traído beneficios al país. “Estos proyectos pudieran, incluso, dejar de ser económicamente viables en México”, alertaron las empresas.

A través de un comunicado, el CEEG que dirige Claudia Jañez, recordó que los cortes en el suministro de energía eléctrica que han afectado recientemente a varias zonas del país han dejado lecciones importantes, y una de ellas es que para garantizar la seguridad energética, México debe contar con un sistema eléctrico fuerte y diversificado.

“Es necesario invertir y fortalecer la infraestructura destinada a la transmisión y almacenamiento de combustibles y gas. Sin un suministro estable de electricidad, el país no podrá impulsar el desarrollo de su economía”, sentenció.

Abundó que la eliminación potencial de alternativas limpias para el abasto de energía significará un retroceso en los compromisos de México con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y un impacto importante en el perfil de emisiones de toda la cadena de suministro, en detrimento de las condiciones ambientales y de salud para las familias mexicanas.

“Países y empresas globales se han comprometido a reducir la huella de carbono y acelerar la transición energética, en línea con el Acuerdo de París. En el caso de México, existe un compromiso de reducir - sin condiciones- 22% de los gases de efecto invernadero y 51% de carbono negro. También de disminuir las emisiones en la industria y generar 35% de energía de fuentes limpias para 2024 y 43% para 2030”, recordó el CEEG a los diputados.