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Andamiaje secundario será un reto mayor que el cambio constitucional eléctrico: abogados
De concretarse los cambios a la Carta Magna, la implementación de la reforma requeriría de modificaciones en al menos 80 ordenamientos secundarios, anticiparon juristas.
El mayor reto de la implementación de la reforma en materia energética que se discutirá en este periodo ordinario de sesiones del legislativo no será la modificación a tres Artículos de la Constitución y los nueve transitorios que se plantean, sino el andamiaje legal secundario a estos cambios, que se compone por lo menos de 80 ordenamientos entre leyes, acuerdos y normas que tardarán por lo menos lo que resta del sexenio para modificarse, reconocieron expertos en materia legal energética.
Carlos Rodríguez Sámano, secretario del Consejo de Directores de la Asociación Mexicana de Energía, consideró que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador consiste en una política regresiva en términos económicos, es decir, dispuesta para concentrar la riqueza pública en pocas manos.
“No pedimos que la normativa se quede como está, no estamos en contra de que se modifiquen, de hecho, se tiene que modificar el andamiaje legal en torno a la electricidad, pero el cambio constitucional no se quedará ahí, tendrá que incidir en 800 normativas de carácter general que se pueden modificar hoy, sin el cambio constitucional y el daño a las finanzas tanto de privados como de la CFE que traerá”, aseguró.
En el foro 13 del Parlamento Abierto rumbo a la discusión de la reforma en la Cámara baja, que de hecho podría comenzar en la tercera semana de febrero, se abordó el tema de la constitucionalidad y legalidad de la iniciativa de reforma eléctrica, el abogado recordó que la reforma del 2013 comenzó a implementarse de hecho hasta el 2015, en que se pusieron en marcha los últimos manuales operativos, del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), por lo que además será muy caro en términos burocráticos reiniciar el modelo, como se pretende, cuando el objetivo del Estado es simplemente hacer ajustes a normativa secundaria.
Georgina Velasco Zanella, abogada contenciosa en la oficina del abogado general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo que la reforma debe aprobarse porque sólo así el Estado será responsable de garantizar la seguridad energética y los derechos que tienen como núcleo el acceso a la vida digna de las personas.
“CFE sólo pide piso parejo y lo tendrá con estos cambios, garantizando orden en el despacho eléctrico y una economía mixta con la participación de privados como lo mandata la Constitución”, aseguró.
Raúl Pérez Johnston, del Instituto Mexicano por el Estado de Derecho, argumentó en contra de la reforma eléctrica planteada por la presente administración que el modelo que se está planteando va a requerir enormes niveles de inversión pública, que va a requerir dinero de los impuestos o endeudamiento.
“La rectoría del Estado en materia económico y eléctrica nunca ha estado comprometida, se habla de las tarifas y costos pero todo eso es un tema que puede estar regulado en la ley secundaria o incluso a través de ordenamientos de la Comisión Reguladora de Energía y otros órganos que actúan en el mercado eléctrico”, aseveró, “me parece que este cambio puede llegar a generar más daños que beneficios en la manera en que se está planteando, porque nadie está en contra de discutir ajustes al sector que puedan beneficiar a la sociedad”.
Finalmente, Eduardo Andrade Sánchez, profesor de Derecho Constitucional, reiteró que el Estado mexicano en la Constitución es el que debe hacerse cargo de los servicios públicos y la electricidad debe ser por tanto concebida como tal y no como un objeto intercambiable en un mercado que tiene una lógica de ganancia para pocos, los inversionistas que no cuentan con la posibilidad de funcionar sino a través de ganancias.
“El modelo que se propone es de economía mixta, que es el mejor que hay en el mundo, con un mercado de 46% de la generación eléctrica para los privados y el Estado, a través de la CFE, garantizando que se cumpla esta condición, como lo hizo durante la última década para electrificar a 99% de la población en México”, aseguró.
