El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, estimó que los 25 amparos que existen en contra de la construcción del Tren Maya serán atendidos correctamente, en tiempo y forma, por lo que no serán un obstáculo para su conclusión en el 2023.

“Confiamos en que no será así. Evidentemente la parte contraria intenta parar el proyecto, pero eso es válido en la democracia”, refirió el funcionario.

Uno de los cuestionamientos que recibió durante su comparecencia en el Senado de la República, la cual duró poco más de dos horas, lo hizo el integrante del PRD, Miguel Ángel Mancera, quien le dijo: ¿existen hoy procedimientos judiciales pendientes de resolver que, desde su análisis, pudieran representar un riesgo para cumplir con los tiempos de ejecución o puesta en marcha del tren?

En respuesta, el funcionario manifestó que se han interpuesto 25 amparos en el país contra el proyecto por parte de 327 personas y que 49 de ellas son personas físicas y morales que se repiten en todos.

“Se ha identificado a seis organizaciones de la sociedad detrás de ellos en contra de los amparos interpuestos. En Campeche se han manifestado 70 comunidades que representan a 18,000 habitantes de la región a favor del proyecto… Son líderes que, algunos son bien intencionados otros no tanto, pero son luchadores sociales que tienen su posición respetable. El chiste es entender que tiene todo el derecho de interponer amparos”, explicó.

A su pregunta específica si pueden estos amparos ocasionar un paro en la construcción, le dijo el titular del Fonatur a Mancera, espero que no sea así porque en los tiempos que hemos estimado con la Consejería Jurídica de la Presidencia esperamos se den los resolutivos previos a eso. Hay programas de obra cuidando que no tengamos intromisión en esa área.

Sobre la falta de autorizaciones, técnica y ambiental, del total de los 1,500 km del recorrido, Jiménez Pons dijo que hay avances de acuerdo con lo planeado y que los impactos ambientales están en proceso de integración en los plazos requeridos, porque era imposible tener todo completo para iniciar los trabajos. Además, la obra se realiza en zonas que ya están impactadas, por lo que no habrá afectaciones.

Hacía falta información, pero ya la estamos sumando y es la que se necesita técnicamente para seguir”, agregó.

El director del fondo reiteró que el Tren Maya es un detonante de desarrollo económico para el sureste mexicano y salda una deuda histórica con la región, a través de políticas públicas vinculadas con la sociedad civil, las comunidades, el sector privado y los tres órdenes de gobierno, por lo que el compromiso es terminar la obra en el 2023 para realizar las pruebas de seguridad y que el siguiente año se inicien los servicios a la población, con precios subsidiados para la población local y a bajos costos para los ciudadanos nacionales.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx