El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría que pagar más de 70,000 millones de dólares, sólo por indemnizar a los inversionistas afectados con la reforma eléctrica. Ese monto equivale a alrededor del 7% del PIB mexicano y resultaría insostenible para las finanzas de México, aseguró Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Los empresarios que recurran a arbitrajes internacionales bajo los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI’s), pedirán una compensación de su inversión, que de acuerdo con la experiencia internacional podría ser superior al 80% de su inversión realizada.

En conferencia de prensa, el representante en materia energética del sector industrial dijo que si no hay marcha atrás a la reforma eléctrica, México deberá pagar por las inversiones realizadas a las empresas y compensar las utilidades que recibirían en los siguientes años, cuyo pago establece sea del 80% más de lo invertido.

Precisó que si la inversión fue de 40,000 millones de dólares, entonces la sentencia oscilará en 70,000 millones de dólares.

“La experiencia de estos arbitrajes, le ordenan al gobierno pagarle lo que deja de recibir, antes de se hiciera la reforma, la empresa iba recibir utilidades en los siguientes años y por el cambio se va afectar, por lo que se debe compensar y lo que han encontrado es que las sentencias de casos de arbitraje serían por arriba de los 70,000 millones de dólares”, estableció.

José Luis de la Cruz, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Concamin, estimó que ese valor por indemnizaciones es equivalente al 25% del presupuesto federal anual de México, lo que complica las finanzas del país.

La reforma eléctrica no tiene nada de bueno, sólo mayores costos de generación eléctrica para CFE que se traducirá en aumento de tarifas al consumidor o que el gobierno subsidie, más contaminación, que se congelen las inversiones y menor generación de empleos”, aseveró Regulo Salinas.

El presidente de la Comisión de Energía de Concamin reiteró que la reforma violatoria a los tratados internacionales, de modo que el arbitraje bajo al amparo del T-MEC, el cierre a la participación privada en el sector energético no procede si México no ofrece apertura en otro sector similar, como una medida de compensar.