La reforma fiscal penal contra las empresas factureras, en donde se pretende considerar la defraudación fiscal como delincuencia organizada, aún genera diferencias entre el sector privado y la autoridad.

“Entre las iniciativas que han generado mayor interés está la de empresas fantasma. Nosotros nos sentimos cómodos, sentimos que vamos en la dirección correcta. Ahí es donde probablemente tenemos algunas diferencias”, declaró en conferencia de prensa Arturo Herrera, secretario de Hacienda.

En compañía de Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el funcionario admitió que debieron hacer un mejor trabajo para informar a los contribuyentes sobre la reforma contra factureras y así aclarar dudas.

El motivo de la reunión con medios fue informar el acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el CCE para realizar ajustes a la Miscelánea Fiscal 2020.

El presidente del CCE planteó que la reforma para combatir la defraudación fiscal debe tener modificaciones en su redacción, “para que quede claro a quién va dirigida”.

“Destacamos que se aplique únicamente cuando se expidan o se utilicen facturas que documenten operaciones inexistentes o simuladas, por lo que hacemos este llamado a que se ajuste la redacción que se está mandando a la Comisión de Hacienda”.

El secretario de Hacienda explicó que las empresas que tengan ingresos brutos por menos de 30 millones de pesos no se verán impactadas por esta reforma, además de que sólo va enfocada a perseguir a quienes emiten los comprobantes.

Por su parte, Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, refirió que en la reforma ya se expresa que el delito de delincuencia organizada sólo aplicará para quien emita facturas falsas por 7.8 millones de pesos.

Tanto Herrera como Salazar Lomelín acotaron que es importante combatir la evasión, elusión y fraude fiscales sin desincentivar la inversión y sin generar incertidumbre.

Cuestionado sobre una posible “inquisición fiscal” con las modificaciones propuestas, Arturo Herrera negó que ése sea el escenario.

Temas acordados

Los temas en donde la IP y Hacienda han quedado de acuerdo para modificar y mandar las adecuaciones a la Cámara de Diputados se refieren a la retención de impuestos en la economía digital; la actualización del IEPS a refrescos y tabacos; la ampliación de beneficios del Régimen de Actividades Agrícolas; eliminación del plazo para operar al amparo de una maquiladora de albergue; arrendamiento; actualización al capítulo sobre regímenes fiscales preferentes, así como la reducción a la carga fiscal de las personas físicas que reciben pagos en una sola exhibición por negativa de pensión. No obstante, no dieron mayor información sobre cuáles serían las modificaciones referentes a esos temas.

Además del tema de las facturas, otros que aún discuten para encontrar consenso son los que se refieren a la subcontratación laboral; responsabilidad solidaria; norma general antiabuso; actos no objeto del IVA; limitación a la deducción de intereses; esquemas de retención de ISR a trabajadores independientes; revelación de esquemas reportables; sellos digitales, y el régimen aplicable a figuras y entidades jurídicas transparentes.

Se espera un consenso sobre estos temas antes del fin de semana, se prevé que a partir del lunes, empiecen  los dictámenes para la Ley de Ingresos  de la Federación y Miscelánea Fiscal 2020.

Herrera refirió que con las modificaciones acordadas con los grupos empresariales, la Miscelánea Fiscal dejará una recaudación extra de 30,000 millones de pesos.

Dijo aprovechar reuniones para evitar “plaga” de rumores

No habrá injusticias o excesos contra empresarios o contribuyentes: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que su gobierno no cometerá actos de injusticia o excesos en contra de empresarios o contribuyentes mediante las nuevas reglas de facturación que analiza el Congreso.

En Palacio Nacional, durante su conferencia matutina, el mandatario reconoció que hay inquietud por parte de la Iniciativa Privada sobre las nuevas reglas de comprobación fiscal, y así se lo han expresado empresarios con los que se ha reunido.

Indicó que las sanciones sólo serán para aquellos casos que los contribuyentes no puedan acreditar que fueron engañados al recibir una factura falsa. Argumentó que se debe detener ese fenómeno, ya que representa pérdidas para el gobierno de 300,000 millones de pesos anuales.

“Estoy convenciendo de la importancia que tiene evitar los fraudes con facturas falsas, con la creación de empresas fantasma, porque esto generó alguna preocupación legítima entre empresarios, porque se reforma el Artículo 19 de la Constitución, y se convierte en delito grave la defraudación fiscal, la doble facturación y la creación de empresas fantasma.

“Hay inquietud y se pensaba que se iba a actuar de manera arbitraria, que con la simple denuncia del SAT a un juez se iba a encarcelar al que hubiese emitido una factura falsa o hubiese utilizado una factura falsa. Les explicamos que no es así. Primero, el SAT hace la investigación, llama a los afectados o presuntos defraudadores. Si (por ejemplo) compraron un pódium, y les dieron una factura falsa, ellos pueden mostrar que tienen el pódium y que fueron engañados, eso es una atenuante, y hasta ahí llega la investigación.

“Si no aparece el pódium, entonces sí el SAT turna el caso a la Procuraduría Fiscal, que también hace su investigación, y si considera que hubo fraude, tiene que preparar un expediente y lo presenta a la Fiscalía General, al Ministerio Público, y llama a los involucrados. Hay presentación de pruebas. Si el Ministerio Público considera que en efecto hubo fraude, lo turna al juez y él decide. Si hubo fraude sí es prisión mientras se desahoga el proceso, pero también se puede recurrir al amparo, hay formas de defensa”, explicó el mandatario.

El presidente López Obrador dijo que está aprovechando cada reunión que sostiene con empresarios para hacer estas aclaraciones, a fin de que no crean las “plagas” de rumores que se difunden sobre el nuevo procedimiento de facturación. Pidió apoyo de los empresarios, pues dijo que su gobierno no tiene interés en aumentar impuestos, pero requiere terminar con los privilegios fiscales. (Jorge Monroy)