La ley que equipara la defraudación fiscal con delincuencia organizada y que busca acabar con las empresas fantasma ya dejó recursos al erario por alrededor de 2,000 millones de pesos, a pesar de que aún no entra en vigor, informó Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Nos parece interesante que esta reforma fue tan poderosa que antes de que entrara en vigor está contribuyendo ya a aumentar la recaudación (...) Lo que estamos viendo es lo opuesto al terrorismo fiscal. Con la pura publicación, las empresas se acercaron para arreglar su situación”, dijo en conferencia de prensa.

Herrera recordó que las reformas que se hicieron en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal están ayudando a combatir las operaciones simuladas que afectaban las finanzas públicas del país.

“Sólo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, que establece que la ley entrará en vigor en enero del 2020, los efectos fueron inmediatos. Las empresas se acercaron al SAT y a la procuraduría para corregir su situación fiscal, ello sin entrar en vigor la reforma”. Carlos Romero, procurador fiscal de la Federación, explicó que fueron siete empresas las que se acercaron a las autoridades, pues habían comprado facturas apócrifas, y sabiendo los efectos de la ley decidieron corregir su situación fiscal.

“Son empresas que habían comprado facturas y que eran conscientes de un ilícito, por lo que antes de que entrara en vigor la reforma decidieron corregir su situación y buscar un acuerdo reparatorio”, declaró.

Detalló que el acuerdo reparatorio consiste en quitar los efectos fiscales a los comprobantes apócrifos, con los cuales las empresas solicitaban devoluciones que no les correspondían. “Pagaron el impuesto omitido, la actualización y los recargos respectivos”.

Romero comentó que estas empresas están proporcionando información sobre las empresas que les vendieron facturas falsas. “Estamos haciendo investigaciones para llegar a las cabezas de quienes venden estas facturas”.

Herrera indicó que, una vez que entre en vigor la reforma penal-fiscal, esperan dos efectos: recuperar los ingresos perdidos por este tipo de acciones fraudulentas y que ello abone a la recaudación de impuestos.

Es importante recordar que uno de los aspectos que más inconformidad generó esta reforma a la Iniciativa Privada es que cualquier contribuyente pueda ser acusado de delincuencia organizada y que se le dé prisión preventiva oficiosa.

No obstante, tanto la SHCP como la Procuraduría Fiscal de la Federación han comentado que, si alguien es señalado por la autoridad, se tiene que pasar por diversos filtros para que pueda ser acusado de defraudación fiscal.

Primero, el SAT realiza una auditoría y establece la existencia de un delito. Después, la Procuraduría Fiscal de la Federación se encargará de investigar y determinar si es un delito fiscal calificado o no. En caso de que sí haya delito, se envía el caso a la Fiscalía General de la República, la cual deberá formular una querella, y si determina que sí hay delito, se envía a un juez para que se determine si hubo o no una conducta delictiva.

Senadores impugan reforma

SCJN admite a trámite recurso contra ley

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que interpusieron senadores opositores para impugnar las reformas que tipifican como delincuencia organizada ciertos delitos fiscales.

El recurso que promovieron, entre otros, los senadores panistas Xóchitl Gálvez, Gustavo Madero, Josefina Vázquez Mota; los priistas Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Osorio Chong y Jorge Carlos Ramírez Marín, y el perredista Miguel Ángel Mancera, quedó radicado en el expediente 136/2019.

El alto tribunal otorgó un plazo de 15 días hábiles, a partir del siguiente de la notificación, para que el Poder Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión rindan sus informes respectivos.

Los legisladores pidieron a la Corte declarar la invalidez del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal contra Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como de los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre pasado. (Con información de Notimex)

elizabeth.albarran@eleconomista.mx