El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se vio obligado a hacer ajustes en proyectos de información, prestaciones y salario de personal debido al recorte que registró en su presupuesto para 2019, informó su presidente, Julio Santaella Castell.

En una reunión con medios de comunicación, el organismo autónomo no descartó la posibilidad de presentar una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante este este ajuste presupuestal y salarial, “nos reservamos el derecho a hacerlo”.

Detalló que la Cámara de Diputados aprobó un recorte para el INEGI de 500 millones de pesos, con lo cual quedó con un presupuesto de 12,129 millones de pesos para este año, lo que obligará a cancelar o suspender una decena proyectos y hacer ajustes en los paquetes de remuneración de los servidores públicos del organismo.

Señaló que como parte de las medidas de austeridad de la nueva administración y la promulgación de la nueva la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, a 68 altos funcionarios del INEGI se les redujo el salario, más de ocho mil perdieron su seguro de separación individualizada y más de 12,000 se quedaron sin seguros de gasto médicos mayores.

Con estas medidas, expuso, ahora la curva salarial de los 15,950 empleados del organismo van de los 10,000 a los 106,000 pesos mensuales, sobre lo cual opinó que no es el mejor instrumento para una política de recursos humanos que permita reclutar, desarrollar, retener y hacer crecer al personal.

“Esta serie de decisiones, si bien en el corto plazo suenan razonables, y nosotros ya las hemos asumido, cuando las vemos con una perspectiva de largo plazo, creo que pueden ser consideradas relativamente miopes”, añadió Santaella Castell.

erp