El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) criticó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se convierta en juez y parte para determinar si una empresa o una persona incurrió en un fraude fiscal y pueda ser culpada y castigada por delincuencia organizada.

“El problema de esta ley es que le permite a Hacienda ser juez y parte. Entonces, es ahí donde el sector empresarial se siente desprotegido, en el sentido de que (con la ley) se tenga la posibilidad de contar con las herramientas para cometer actos discrecionales”, expuso Mario Correa, vicepresidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Económicos del IMEF.

Lo anterior lo comentó horas antes de que en la Cámara de Diputados se aprobaran las reformas a los artículos 108, 109 y 113 del Código Fiscal de la Federación y otras leyes federales que equiparan cualquier tipo de defraudación fiscal con delincuencia organizada.

Tanto el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero, como el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, han declarado que quien sea señalado por defraudación fiscal no lo será por una decisión exclusiva de Hacienda, sino porque se habrá pasado por diversos filtros y autoridades autónomas.

Primero, el SAT realizará una auditoría para establecer la existencia de un delito. Después, la Procuraduría Fiscal de la Federación se encargará de investigar y determinar si es un delito fiscal calificado o no, explicó el secretario.

En caso de que sí haya delito, se enviará el caso a la Fiscalía General de la República, la cual deberá formular una querella. Si determina que sí hay delito, se envía a un juez para que se determine si hubo o no una conducta delictiva, detalló.

Al respecto, Correa comentó que, si bien participan varias autoridades, el punto es que para el inversionista o empresario no queda claro hasta dónde va a poder llegar la autoridad en este proceso de fiscalización sin que afecten sus derechos.

“Siempre que hay cambios se generan inquietudes. La pregunta es hasta dónde esas inquietudes están inhibiendo la inversión y la actividad económica del país”, agregó Correa.

Reglas secundarias podrían suavizarse

Fernando López Macari, presidente del IMEF, confió en que en las reglamentaciones secundarias se puedan suavizar algunos aspectos para evitar que se violenten los derechos de los empresarios.

Agregó que, si bien en el IMEF son conscientes del alto nivel de defraudación fiscal que hay en el país y del daño estructural que le genera a las finanzas públicas, les parece excesivo compararlo con delincuencia organizada.

“Hemos interactuado en diferentes comités con la Coparmex, el CCE y la Concanaco, y todos estamos en desacuerdo en que se tenga una persecución criminal en torno a los empresarios”, expresó.