Reducir las barreras para hacer negocios en México y mejorar el control de la corrupción son dos medidas que podrían detonar mayores tasas de crecimiento económico, incentivar el desarrollo y avanzar hacia una mejor distribución de oportunidades y recursos, afirmaron expertos del Banco Mundial.

La experiencia internacional muestra que aliviar distorsiones en el mercado, reducir los requerimientos para abrir una empresa, y mejorar la eficiencia en los pasos para formalizar su operación favorecen de manera sustancial al sector privado, detallaron.

Al permitir una rápida puesta en marcha de las empresas, se acelera su desempeño, se multiplica con el de los demás emprendedores, y se incrementa hasta 1.4 puntos del PIB su aportación al crecimiento regional, sobre todo en los estados más pobres del país, consignaron.

Al interior del estudio previo a la llamada Alianza Estratégica que suele lanzar cada seis años el Banco Mundial para empatar su programa de trabajo con el Plan Nacional de Desarrollo, destacaron que la aplicación desigual del Estado de Derecho y las deficiencias en el control de la corrupción aumentan el costo de hacer negocios.

En el análisis, titulado Destrabar el Potencial de un Crecimiento Inclusivo, explicaron que sin el respeto al Estado de Derecho seguirán encareciéndose las posibilidades de que una empresa joven madure y se integre al tejido de la productividad y generación de recursos.

Estrategia al sur

Los economistas del banco dirigieron parte de su análisis a las empresas y personas en edad productiva del sureste de México, que destacan por su baja productividad y desarrollo.

Destacaron que el limitado desempeño que les caracteriza está relacionado también con las altas barreras para dar de alta a las empresas, el bajo acceso a los servicios financieros y su proclividad a operar en la informalidad.

Además, destacaron que “los pobres y vulnerables son particularmente susceptibles al clientelismo, entendido como el intercambio de apoyo político por beneficios típicamente de corto plazo”. Esto, por sus limitaciones de liquidez y una mayor preferencia temporal para el presente.

Reasignar estratégicamente

Más adelante, destacaron que se requiere una reasignación de recursos para incentivar la productividad, el crecimiento y la inclusión. Observaron que hay una inadecuada distribución de recursos, que podría tener su origen en las políticas fiscal y de gasto, que contribuyen indirectamente a una baja recaudación.

Consideraron que un punto para empezar es reducir las ineficiencias del gasto público para crear espacio fiscal para invertir en infraestructura. Propusieron mejorar la estrategia de contrataciones del sector servicios, reducir la factura salarial, consolidar los programas del sector público (revisarlos y evitar los que se duplican), y reducir la fragmentación del sistema de salud.

También recomendaron reducir la dependencia de los impuestos sobre la nómina en los programas de seguridad social; reformar los sistemas de pensiones actuales para garantizar sostenibilidad; reducir las brechas fiscales con los gobiernos subnacionales, y explorar la posibilidad de igualar el sistema de transferencias intergubernamentales, mientras se aplican incentivos más fuertes para el esfuerzo fiscal y se reducen las transferencias ad hoc.

Resarcir ahorros

En el mismo documento, sugirieron la construcción de ahorros públicos más grandes para usar en tiempos difíciles.

Destacaron que se pueden adoptar planes de largo plazo y ordenar en función de prioridades los requerimientos que pueden presentarse por un choque externo, fiscal, financiero y de la naturaleza.