Gremio empresarial propone cambios a iniciativa de Ley de Rentas en CDMX

El sector empresarial de la Ciudad de México propuso modificar la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles para permitir que propietarios y nuevos inquilinos acuerden libremente el precio inicial de una renta cuando termine un contrato y comience una relación de arrendamiento con otra persona.

La propuesta fue presentada por el G9, una agrupación que reúne a cámaras y asociaciones empresariales de la capital, entre ellas la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda delegación Valle de México, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Confederación Patronal de la República Mexicana, además de representantes de otros sectores como el hotelero, restaurantero y comercial.

En un posicionamiento sobre el proyecto presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el grupo empresarial planteó que el límite anual de incremento conforme a la inflación se mantenga durante toda la relación contractual y sus renovaciones con la misma persona arrendataria, pero que, cuando concluya ese vínculo y se celebre un nuevo contrato con otra persona, las partes tengan libertad para negociar el monto inicial de la renta.

“Al terminar la relación de arrendamiento y celebrarse un contrato con una persona arrendataria distinta, planteamos que las partes puedan acordar libremente la renta inicial, sobre la cual volvería a operar el límite anual”, expuso el G9.

La diferencia con la iniciativa del Gobierno capitalino radica en que el proyecto establece que el límite al incremento anual de las rentas se mantenga incluso cuando cambie la persona arrendataria, por lo que el propietario no podría establecer libremente un nuevo precio al celebrar un contrato con un inquilino distinto.

Así lo establecen el artículo 1, fracción I, y el artículo 18, fracción I, del proyecto, que incorporan esta condición entre los objetivos de la legislación y las obligaciones de los arrendadores, respectivamente. El artículo 19 también dispone que la renta sólo podrá aumentar anualmente conforme a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), independientemente del cambio de persona arrendataria.

Buscan preservar incentivos para ofrecer vivienda en renta

El G9 argumentó que mantener una renta pactada bajo circunstancias particulares como referencia para contratos posteriores podría afectar los incentivos de los propietarios para conservar, mejorar y ofrecer viviendas en alquiler.

“Este ajuste busca evitar que una renta pactada bajo circunstancias particulares condicione indefinidamente contratos posteriores y reduzca los incentivos para conservar, mejorar y ofrecer viviendas en alquiler”, indicó el posicionamiento.

La agrupación reconoció el objetivo de prevenir incrementos desproporcionados y dar estabilidad a las familias que rentan, aunque consideró que la regulación también debe favorecer la conservación y generación de vivienda en arrendamiento, así como ampliar las opciones disponibles para quienes buscan un hogar.

“Se trata de proteger a quienes hoy rentan sin reducir las opciones de quienes necesitan hacerlo”, sostuvo.

El grupo empresarial también adelantó que presentará propuestas sobre otros tres componentes de la iniciativa: el Registro Digital de contratos, la efectividad de las garantías y el funcionamiento imparcial de la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias.

Sobre estos mecanismos, el G9 no detalló modificaciones específicas, pero manifestó su disposición a participar en el proceso legislativo mediante propuestas para fortalecer la certeza jurídica entre propietarios e inquilinos.