El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y prevención de las adicciones con el objetivo de garantizar acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de las personas con estos padecimientos.

El documento avalado por 457 votos y que ahora pasa al Senado de la República, responde a la poca atención que en el pasado se le ha dado a la salud mental, dijo el diputado Jorge Luis Montes Nieves, de Morena, pues desde la promulgación de la Ley General de Salud, este capítulo ha sido reformado en pocas ocasiones y sin ningún beneficio tangible. “Se ha mantenido el mismo esquema anticuado y fragmentado que ha estigmatizado y violentado los derechos humanos de pacientes y familiares”.

¿Qué plantea la iniciativa?

De acuerdo con el legislador, psicólogo de profesión, se trata de una reestructura al funcionamiento del sistema de salud mental, para pasar de un modelo asilar a uno comunitario. El primero permitía el abandono de pacientes y ahora se busca transitar al fortalecimiento y atención temprana.

El dictamen establece que la salud mental y las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a los principios establecidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos. Con base en esto el Estado es quien debe garantizar el acceso con el más alto nivel posible y sin discriminación.

Para ello las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud deberán brindar acceso a los servicios de atención de salud mental y adicciones con atención especial a los grupos en situación de vulnerabilidad, participación de los familiares y de las organizaciones de usuarios de ayuda mutua.

Se establece además el acompañamiento de un representante que cuide sus intereses, consentimiento informado de la persona en relación con el tratamiento a recibir, y no ser sometido a medidas de aislamiento o contención coercitivas, derecho de confidencialidad y contar con un sistema de apoyo y asistencia.

Se recurrirá al internamiento del paciente sólo cuando éste aporte mayores beneficios que otras opciones terapéuticas ambulatorias en el entorno familiar, comunitario o social.

Para promover la consulta ambulatoria, en su régimen transitorio, el dictamen también señala que aquellos hospitales psiquiátricos que cuenten con adecuadas condiciones en infraestructura y organizacional transitarán a Centros Terapéuticos para la atención de la salud mental y adicciones en un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto y que el Ejecutivo federal tendrá un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para emitir las disposiciones reglamentarias.

El dictamen plantea la atención especial a grupos en situación de vulnerabilidad y quienes padezcan déficit de atención, autismo y síndrome de Asperger. Incluye además, padecimientos como depresión, trastorno afectivo de tipo bipolar, ansiedad, pánico, estrés, esquizofrenia, epilepsia, crisis convulsivas, y consumo de sustancias, demencias.

Críticas al dictamen

Durante la discusión se habló de instrumentar un mayor número de programas de rehabilitación tanto dentro como fuera de las unidades hospitalarias, aumentar los mecanismos de financiamiento de operación e inversión de salud mental y favorecer el abasto de medicamentos, pero no se señalaron herramientas específicas para lograrlo.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, médico y secretario de la Comisión de Salud, denunció que el dictamen no recoge las observaciones que se realizaron durante su análisis en la Comisión, en parlamento abierto y diversas organizaciones que atienden el tema; además, no justifica los cambios que introduce en la ley, por lo que genera dudas sobre su alcance e implicaciones.

Por su parte la diputada Frinné Azuara Yarzábal, del PRI, dijo que lejos de atender de mejor manera el problema de adicciones, genera confusión, pues es grave equiparar a las personas que sufren alguna enfermedad mental con quienes tienen una adicción o discapacidad psicosocial. Consideró que la reforma abrirá la puerta para que terceros puedan atentar contra los derechos de las personas con dichos padecimientos.

La diputada Martha Tagle Martínez, de MC, aseguró que el dictamen no cumple con los mínimos básicos, señaló la necesidad de reestructurar los servicios de salud en esta materia y las políticas de salud:

“...pero no nos equivoquemos: la reforma contiene elementos de forma y fondo que van en contra de las recomendaciones de expertos”.

A pesar de las críticas la propuesta se aprobó al aceptar las reservas a los artículos 3, 72, 73 Bis, 74 Bis, 75 y 75 Bis de la Ley General de Salud.

nelly.toche@eleconomista.mx