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El cuerpo fue sustraído, indica la averiguación
Fuentes de PGR, PGJDF y Estado de México precisaron que las evidencias periciales serán entregadas en las próximas horas para cotejar con el dictamen de la PGJE que sostuvo falleció por alteraciones viscerales y tisulares producidas por asfixia mecánica.
Sí habrá uno o más responsables en la muerte de la niña Paulette Gebara Farah, por sustracción del cuerpo y obstrucción de sus fosas nasales, asunto que generó la muerte por la falta de oxígeno, empero la PGJE espera que las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) entreguen los análisis periciales requeridos por el procurador mexiquense Alberto Bazbaz Sacal.
Fuentes de PGR, PGJDF y Estado de México precisaron a El Economista que las evidencias periciales serán entregadas en las próximas horas para cotejar con el dictamen de la PGJE que sostuvo falleció por alteraciones viscerales y tisulares producidas por asfixia mecánica, por sofocación en su modalidad de obstrucción de orificios de respiración y compresión torácica por posición .
Evidencia científica que expondrá el abogado de los mexiquenses cuando presente la conclusión de la averiguación previa por homicidio y se determinará quién será responsabilizado de esos hechos, debido a que la averiguación indica que el cuerpo de Paulette fue sustraído por una o más personas horas después de los hechos denunciados el 21 de marzo pasado por su familia.
Al haber sido descartado cualquier abuso sexual y consensuar pericialmente con PGR y PGJDF que falleció a causa de una bronco-respiración conocida como paro respiratorio mientras se realizaba su búsqueda, se concluirá que existe uno o más responsables de sacar a Paulette y después aprovechar un descuido para sembrar el cadáver días después.
Lo que se pretende demostrar es si cuando la niña fue sustraída del departamento familiar estaba aún con vida o ya había fallecido, es lo que se busca establecer y sobre quién lo realizó.
Al aparecer el cuerpo, obligó a Bazbaz Sacal a dejar en libertad a padres y niñeras que han seguido dando versiones ante medios, que de igual forma serán cotejadas para encontrar inconsistencias.
rtorres@eleconomista.com.mx