Controversia Constitucional promovida por FGR fue en legítima defensa: Roberto de la Garza

Al referirse a la controversia constitucional promovida por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que consistió en ordenar la entrega de información relativa a una carpeta de investigación en trámite, el penalista Roberto de la Garza celebró la decisión del titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero.

Para el penalista, este fue un mensaje claro al decir “Basta ya de que el Derecho sea rehén de la política. El Derecho debe ser siempre el cauce de la resistencia y, en cambio, tal parece que hoy es un obstáculo para esta”, dijo.

Roberto de la Garza dijo no ser ajeno a la circunstancia política por la que atraviesa México y al valioso papel que, en ese contexto, ha asumido el Instituto Nacional Electoral (INE) y el TEPJF. “El fin no justifica los medios, y menos aún, cuando estos últimos van en desmedro de todos los mexicanos”, sentenció el jurista.

“Existen diversas razones por virtud de las cuales, en mi opinión, la Sala Superior del Tribunal Electoral erró y, presumiblemente, por una inercia política que injustamente parará perjuicio, no sólo a Pío López Obrador, sino a todas las personas que ostenten la calidad de imputadas en carpetas de investigación que sean del interés de un organismo autónomo de cuya propia génesis y conformación, se desprende su porosidad”, aseguró el penalista.

Detalló que la premisa fundamental de su posición es el propio artículo 41, fracción V, apartado B, de la Constitución Federal, mismo que establece expresamente que las atribuciones del Consejo General del INE no se encontrarán limitadas por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

“Teleológicamente debemos dar la importancia que merece al hecho consistente en que fue el propio Constituyente Permanente quien apartó al secreto ministerial del listado limitativo a que se refiere la Ley suprema. Si fue el propio legislador quien hizo la distinción, distinguir es una obligación ineludible para el intérprete de la norma”, expuso.

Roberto de la Garza también señaló que conforme a ese espíritu y a las disposiciones previstas en leyes secundarias, es lógico que el legislador haya excluido al secreto ministerial y es precisamente derivado de la función que constitucionalmente se le ha atribuido al Ministerio Público. “Revelar información de una carpeta de investigación en trámite, no sólo supone poner en riesgo el éxito de la investigación, sino que podría resultar en una violación a los derechos fundamentales del imputado, no sólo a la presunción de inocencia como regla de trato, sino al debido proceso legal y también al derecho fundamental a la intimidad”.

El socio del despacho De la Garza–Carbonell mencionó que el INE es un organismo autónomo en cuya integración participan el poder legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos por lo que, en ese sentido, revelar la información de una carpeta de investigación en curso a dicho organismo, podría incluso resultar en el absurdo de que los representantes de los partidos políticos conozcan, antes que el imputado, de la acusación y de los datos de prueba que la soporten.

“De ahí que la controversia constitucional promovida por la FGR, se instaura como la legítima defensa del mandato constitucional que se le ha conferido a ésta, así como en la debida defensa de los derechos fundamentales de toda persona a la que algún día se le atribuya el carácter de imputada en una investigación criminal”, concluyó Roberto de la Garza.