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Autodefensas se resisten a ser dirigidas por ?el gobierno
El nuevo control del gobierno presenta un panorama no sólo de nuevos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares, sino también entre los mismos grupos armados.
Tancítaro. El gobierno mexicano enfrentará una prueba crucial en los próximos días, ya que comenzó la legalización del movimiento armado de los pueblos de las montañas de Michoacán, donde agricultores de aguacate y recolectores de limón se unieron para expulsar a los cárteles de la droga.
El movimiento de los autodefensas se ha celebrado en muchos rincones de México, sin embargo, también ha producido embarazosas imágenes de adolescentes corriendo en los puestos de control de las carreteras blandiendo fusiles AK-47 y otras armas que -se supone- son ilegales.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto comenzó la desmovilización de las autodefensas este fin de semana y su incorporación a una nueva fuerza: la Policía Rural, cuyas filas se constituirán por miembros de las autodefensas.
No obstante, la desmovilización ha creado un panorama no sólo para nuevos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad mexicanas y los paramilitares, sino también entre las propias autodefensas, incluyendo aquellos que han boicoteado el proceso y alegado que sus antiguos compañeros se están transformando en nuevos grupos delictivos sancionados por el gobierno.
Peña Nieto designó a un abogado de alto rango de su círculo íntimo, Alfredo Castillo, para gestionar el plan de legalización de las autodefensas. El sábado, Castillo designó a los primeros 240 miembros de la Policía Rural, frente a las cámaras de televisión, y dio un nuevo fusil a Estanislao Beltrán, líder de las autodefensas conocido como Papá Pitufo
Pero mientras éstos estrechaban sus manos, otros grupos se negaban a deponer las armas.
La estrategia del gobierno conlleva un riesgo significativo para Peña Nieto, quien ha acallado las dudas sobre su lucha en contra de la delincuencia en los últimos meses gracias al derribe de varios jefes de cárteles, entre ellos el traficante más buscado de México, Joaquín El Chapo Guzmán.
Pero traer el Estado de Derecho a Michoacán, donde el gobierno ha estado ausente durante mucho tiempo, será difícil.
Castillo declaró que el gobierno ha adoptado un enfoque flexible, paciente. Sin embargo, advirtió que en las ciudades donde la Policía Rural se ha puesto en marcha, los paramilitares armados que se nieguen a retirarse serán arrestados.
Queremos evitar la confrontación , dijo Castillo en una entrevista. Estamos tratando de restablecer la armonía, el orden y la paz .
POR PRIMERA VEZ EN MÉXICO
El plan de desmovilización ha producido escenas extraordinarias en las últimas semanas, ya que los residentes de Michoacán han convocado en masa a registrar sus armas, incluidas las de alto calibre, que son ilegales para los civiles.
En un campo de fútbol custodiado por equipos de soldados y policías federales, los propietarios de armas pasaron horas aquí la semana pasada, llevando consigo viejos rifles de caza, escopetas y pistolas, así como potentes fusiles AK-47 y AR-15.
Uno a uno, los agricultores con sombreros y las abuelas con los bolsos florales colocaron sus huellas digitales en los documentos del gobierno que autorizaron, por primera vez en México, su derecho a poseer varios tipos de armas.
No nos gusta esta situación, pero no podemos entregar nuestras armas , dijo Porfirio Avalos, un productor de aguacate de 52 años de edad, que acudió con un rifle y una pistola.
Castillo dijo que los militares habían registrado más de 6,000 armas de fuego antes de la fecha límite de fin de semana, y más de 3,000 candidatos se habían inscrito para unirse a la Policía Rural, muchos más de los que inicialmente podían aceptar.
El gobierno refirió que no tiene planes de ampliar el registro más allá de Michoacán, pero Castillo reconoció que podría sentar un precedente para un país que tiene algunas de las leyes más restrictivas de armas en este hemisferio.