Lectura 3:00 min
La verdad incompleta también desinforma
Eduardo Ruiz-Healy | Ruiz-Healy Times
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó el miércoles los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. El texto final corrigió varios de los puntos que más críticas provocaron durante la consulta pública.
El proyecto señalaba que los medios no debían difundir información “falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual”. Era una disposición difícil de aplicar sin que alguien terminara decidiendo qué era falso, qué estaba fuera de contexto y cuánto contexto era suficiente. La CRT la eliminó. Su presidenta, Norma Solano, asegura que la Comisión no revisará contenidos ni decidirá si una noticia es verdadera o falsa. También acotó su intervención en las quejas. Los cambios se acercan a lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum: “No hay censura, ni va a haber censura”.
Pero el problema de la información veraz no termina en los medios. En mi columna del 12 de agosto analicé tres documentos oficiales que decían la verdad, pero no toda. La Secretaría del Trabajo destacó que en julio había 326,987 empleos formales más que un año antes y omitió que durante ese mes se perdieron 19,550. El Reporte de la Incidencia Delictiva informó que entre octubre de 2024 y julio pasado fueron detenidas 63,564 personas, pero no dijo -nunca lo ha dicho- cuántas seguían en prisión o sujetas a proceso, cuántas fueron sentenciadas ni cuántas quedaron libres.
En esa columna señalé: “La información oficial no necesita ser falsa para desinformar. Basta escoger las cifras favorables, esconder las incómodas entre explicaciones y dejar sin respuesta las preguntas que permiten entender el dato”.
Los Lineamientos reconocen el derecho de las audiencias a recibir información veraz y oportuna. Los medios regulados por la CRT deberán contar con códigos de ética, defensores de las audiencias y mecanismos para atender quejas. ¿Y cuando quien informa es el gobierno?
Millones de personas reciben información mediante conferencias presidenciales, comunicados de dependencias, informes, estadísticas, redes sociales oficiales y campañas pagadas con recursos públicos. Esa información influye en la manera en que se juzgan la economía, la seguridad, la salud y el desempeño de quienes gobiernan. Hay otra diferencia: muchas veces las propias dependencias producen los datos, deciden cuáles divulgar y escogen cómo explicarlos. Por eso su responsabilidad al informar no puede ser menor.
Pueden comparar contra el periodo que más les conviene, destacar una cifra favorable y dejar fuera otra que cambia la lectura. También pueden presentar un resultado sin proporcionar los elementos necesarios para saber qué significa. Nada de eso exige mentir. Si a los medios se les exige veracidad, precisión y contexto, el gobierno debería aplicarse exactamente los mismos criterios, más aún porque administra buena parte de la información con la que después pretende que los ciudadanos evalúen sus resultados.
La CRT hizo bien en retirar disposiciones que podían llevarla a juzgar contenidos periodísticos. Ahora falta que el gobierno se aplique los mismos estándares de veracidad, precisión y contexto que exige a los medios. Porque las audiencias también tienen derecho a recibir información completa cuando ésta proviene del poder público.
Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy
Instagram: ruizhealy
Sitio: ruizhealytimes.com