¿Nadie sabía lo que pasaba en Juchitán?

El miércoles fue detenido Miguel Sánchez Altamirano, Quetu, alcalde morenista de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. La captura ocurrió a las 9:30 de la mañana frente al Conalep 243. La Fiscalía de Oaxaca lo acusa de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado y las investigaciones lo relacionan con Los Cromos, grupo vinculado con el CJNG. Según éstas, daba cobertura política y económica al grupo y facilitaba el uso de las cámaras del C2 para alertarlo sobre la presencia de fuerzas estatales y federales. Después fue llevado a Ciudad Ixtepec, trasladado por avión a Ciudad de México y anoche ingresó a la cárcel federal El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

También fue detenido Carlos Alberto “N”, La Parca, quien no era funcionario municipal. Las autoridades lo relacionan con la misma estructura criminal dedicada presuntamente a extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios. Tras las detenciones, mototaxistas, simpatizantes y policías municipales bloquearon los puntos y quemaron llantas para exigir la liberación del alcalde. Los señalamientos contra ambos deberán probarse ante un juez.

Pero el problema venía de antes. El 21 de junio de 2025, autoridades estatales y federales tomaron el control de la Policía Municipal y del C2. Dos policías fueron detenidos, uno responsable del centro de videovigilancia, y los 218 elementos fueron concentrados para revisar sus armas y someterlos a evaluaciones de control y confianza. La seguridad quedó en manos de la Policía Estatal, con apoyo de Defensa, Marina y Guardia Nacional. Después se puso en marcha el Plan Juchitán y, para el 16 de julio de este año, el gobierno de Oaxaca reportaba 219 detenidos: 46 por delitos federales, 101 del fuero común y 72 por faltas administrativas.

Mientras tanto, Sánchez Altamirano seguía gobernando y coordinándose con las autoridades que combatían las estructuras criminales del municipio. El 3 de junio de este año participó con funcionarios estatales en la tercera etapa del Plan Juchitán. El gobierno de Oaxaca aseguró que su presencia demostraba la “estrecha coordinación entre los distintos niveles de gobierno”. Menos de cuatro meses después, las autoridades sostienen que el alcalde presuntamente protegía y colaboraba con una de las organizaciones que esos operativos buscaban combatir.

¿Cuándo empezaron a investigarlo? ¿Qué descubrieron cuando intervinieron la Policía Municipal y el C2? ¿Quién recibía la información que presuntamente salía del sistema de videovigilancia para alertar a Los Cromos? ¿Por qué siguió participando en las estrategias de seguridad mientras avanzaban las investigaciones? Hasta ahora no hay pruebas públicas de que el gobernador Salomón Jara, Morena o el Cabildo conocieran las presuntas actividades del alcalde. Pero hay que preguntar qué controles fallaron y cómo pudo seguir gobernando después de que su policía y el C2 fueron intervenidos.

Si las acusaciones se prueban ante un juez, detener a Sánchez Altamirano será apenas una parte del caso. Durante más de un año hubo operativos, se intervino la policía y el C2 y fueron detenidas decenas de personas mientras él seguía gobernando. Faltará explicar quiénes colaboraron con él, quiénes lo protegieron y por qué nadie lo detuvo antes.

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