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Salud quebrada: 44.5 millones sin seguro y gastos médicos al alza

La pérdida de aseguramiento público obligó a la mitad de la población a acudir al sector privado, disparando los gastos de bolsillo catastróficos un 73% en una década y afectando a 5.7 millones de familias. Informe Salud quebrada: Retos, reformas y resultados del sistema de salud de México (2000-2025).

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El diagnóstico revela que la brecha territorial en el aseguramiento público se volvió a abrir en los últimos seis añosFoto: Especial

Nelly Toche

Tras 25 años de reestructuraciones y tres reformas de gran escala —Seguro Popular, INSABI e IMSS-Bienestar—, el sistema de salud mexicano enfrenta una crisis estructural que no ha logrado resolver sus dos fallas de origen: la fragmentación financiera entre trabajadores formales e informales y un subfinanciamiento crónico.

Así lo documenta el informe Salud quebrada: Retos, reformas y resultados del sistema de salud de México (2000-2025), elaborado por investigadores de El Colegio de México (COLMEX), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), en el marco de un proyecto internacional coordinado por el Imperial College de Londres y financiado por el National Institute for Health and Care Research del Reino Unido.

El diagnóstico revela que la brecha territorial en el aseguramiento público se volvió a abrir en los últimos seis años: mientras en 2018 el 6.2% de los hogares en los municipios con mayor rezago social carecía de aseguramiento en salud, para 2024 esa proporción se disparó al 62.7%. A nivel nacional, la población sin acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones en 2020 a 44.5 millones de personas en 2024.

"En una sociedad justa, no podemos permitir que el ingreso o los privilegios de origen determinen las oportunidades de cuidado de la salud que tienen las personas", dijo la Dra. Laura Flamand, investigadora de El Colegio de México y coautora del estudio.

La trampa de la fragmentación

Durante la presentación formal en la Sala Alfonso Reyes del Colmex, el profesor Tom Thomas, de la Escuela de Salud Pública del Imperial College de Londres, enfatizó que la fragmentación del financiamiento es un determinante decisivo del desempeño sanitario a nivel mundial.

"La fragmentación es la división de las funciones del sistema de salud sin coordinación ni objetivos cohesivos. Niveles elevados de fragmentación se asocian de manera consistente con menor equidad, mayor gasto empobrecedor y peores resultados de salud para la población. Reducir la fragmentación es imprescindible si se quiere alcanzar la cobertura universal", advirtió Thomas, al tiempo que subrayó que la salud no solo es un imperativo moral, sino una inversión con un alto multiplicador económico y democrático.

Por su parte, el Dr. Octavio Gómez Dantés, investigador del INSP y líder del proyecto en México, explicó que el estudio evaluó 25 años de desempeño analizando la coexistencia de fondos diferenciados que otorgan reglas de acceso desiguales a la población con y sin seguridad social.

"El propósito general de este proyecto es generar evidencia y bienes públicos para la toma de decisiones. Analizamos los impactos de la fragmentación en el gasto público, en condiciones clave como cáncer de mama y diabetes, en la protección financiera y en las razones políticas de por qué no hemos sido capaces de superar esta división en México", señaló Gómez Dantés.

Caída en la Cobertura y Gasto de Bolsillo

Al exponer los resultados del informe, el Mtro. Diego Cerecero, investigador del INSP, detalló cómo la pérdida de aseguramiento público ha empujado a casi el 50% de las familias mexicanas a recurrir a servicios privados, principalmente consultorios adyacentes a farmacias.

Entre 2014 y 2024, la incidencia de gastos excesivos o catastróficos por motivos de salud en los hogares aumentó un 73 por ciento. Para 2024, más de 5.7 millones de hogares (4.2% del total nacional) destinaron más del 30% de su capacidad de pago a atender problemas de salud o cayeron por debajo de la línea de pobreza debido a estos desembolsos.

La distancia para alcanzar el aseguramiento universal —que mide la proporción de población no cubierta— se redujo a un mínimo histórico de 4.9% en 2018, pero volvió a incrementarse a 36.2% para 2025, impulsada por el colapso de la cobertura no contributiva, que cayó del 32.5% al 2.2% en dicho periodo. Los retrocesos más drásticos se registraron en estados con alta vulnerabilidad social: Chiapas (-76%), Puebla (-65%) y Guerrero (-63%).

El costo humano de un sistema fracturado

La Dra. Laura Flamand, investigadora de El Colegio de México y coautora del estudio, expuso el impacto directo del subfinanciamiento en la calidad de la atención y en los indicadores de mortalidad.

"Detrás de las cifras macroeconómicas del presupuesto en salud existe una factura directa que se paga con vidas y bienestar". El subfinanciamiento y la fragmentación del sistema mexicano han derivado en una crisis de mortalidad evitable: en 2023 se registraron más de 400 decesos por cada 100,000 habitantes por condiciones que la medicina moderna ya sabe prevenir o curar, una cifra que duplica el promedio de los países de la OCDE y triplica la de naciones como Suiza o Japón.

Esta inequidad estructural se manifiesta con especial crueldad en el momento del diagnóstico. En padecimientos donde el tiempo es determinante, como el cáncer de mama, las oportunidades de supervivencia dependen drásticamente de la adscripción institucional: mientras el sector privado detecta a tiempo el 42.9% de los casos, la seguridad social lo hace en el 27.4%, y las instituciones destinadas a la población sin seguro apenas alcanzan un 18.1% de detección temprana.

El deterioro también golpea a la atención materna y post-parto. Durante el periodo 2019-2021, la mortalidad materna alcanzó un pico histórico de 76 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, registrándose además un patrón inédito donde el riesgo fue mayor en mujeres aseguradas. Para 2024, casi una tercera parte de los decesos maternos (32.7%) en el sector con seguridad social ocurrió por causas tardías, directamente asociadas a fallas en la calidad, el seguimiento y el cuidado posterior al parto.

A este escenario se suma la vulnerabilidad de quienes sostienen la atención en primera línea: el 75% del personal médico y el 66% del personal de enfermería operan bajo condiciones de precarización laboral, sin plazas definitivas, con jornadas excesivas y percibiendo ingresos por debajo de dos salarios mínimos. "Un sistema que castiga a sus trabajadores termina por erosionar la calidad del servicio que reciben los pacientes".

Insuficiencia presupuestal

Respecto al anuncio del Gobierno Federal realizado en abril de 2026 sobre la creación del Servicio Universal de Salud —cuya primera fase iniciará en enero de 2027—, los investigadores reconocieron la ambición de coordinar los subsistemas, pero advirtieron sobre severas limitaciones de origen.

El propio decreto de creación no contempla recursos financieros adicionales. A pesar de que el Presupuesto 2027 incluye un incremento para el ramo, el gasto público en salud apenas alcanzará el 2.9% del PIB, una cifra que se mantiene a menos de la mitad del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por debajo de países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica. Tampoco se han publicado aún las reglas para reducir las asimetrías de atención entre derechohabientes y población no asegurada.

Propuestas y pacto de Estado

Para convertir el derecho a la protección de la salud en una realidad efectiva, el informe plantea cinco recomendaciones estratégicas de política pública:

  • Consolidar el IMSS-Bienestar: Permitir la maduración y asentamiento institucional del modelo en las entidades federativas. 
  • Especializar el abasto de medicamentos: Optimizar la logística de distribución e inventarios para erradicar el desabasto. 
  • Fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano: Priorizar la detección oportuna de padecimientos crónicos y oncología desde el primer nivel de atención. 
  • Incrementar el gasto público progresivamente: Elevar la inversión en salud al 3.5% del PIB para 2030 y alcanzar el 6% en 2043 (año en que se cumplirá el centenario de la fundación del IMSS y de la Secretaría de Salud). 
  • Construir un Pacto Nacional por la Salud: Asumir la cobertura universal como un compromiso político y social transexenal de largo plazo.

Como parte del proyecto, los autores anunciaron además la apertura de una plataforma digital que albergará seis bases de datos públicas con información desagregada por entidad federativa de 2000 a 2025, cubriendo gasto, cobertura, mortalidad materna, protección financiera y muertes evitables.

El estudio se puede consultar a través de: https://saludquebrada.colmex.mx/

Nelly Toche

Periodista de ciencia en la sección Arte, Ideas y Gente de El Economista. Cuenta con maestría en periodismo sobre Políticas Públicas por el CIDE y es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UVM.

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