La economía progresista está dando resultados

BRASILIA/MADRID- Pocas ideas obsoletas reaparecen con tanta persistencia como la afirmación de que los gobiernos de derecha son beneficiosos para la economía, mientras que las administraciones progresistas la gestionan mal. Sin embargo, esta creencia refleja una concepción de la economía que ignora la sostenibilidad del crecimiento y el historial real de los conservadores.

En efecto, en numerosos países, el experimento neoliberal de las últimas cuatro décadas incrementó los déficits públicos, profundizó la desigualdad, provocó crisis financieras recurrentes y dejó las economías más frágiles. Y una y otra vez, los gobiernos de izquierda tuvieron que reparar el daño.

Sin embargo, algunos sectores de la izquierda han cedido las banderas del crecimiento, la sostenibilidad fiscal y la estabilidad de precios a los conservadores, a pesar de que la evidencia demuestra que los progresistas han defendido mejor estos objetivos. Estos errores no forzados han erosionado la credibilidad de la izquierda ante los ciudadanos que simplemente deseaban trabajar, emprender un negocio y mejorar sus vidas.

Nuestros dos gobiernos han adoptado un enfoque opuesto. En Brasil, tras la derrota de un gobierno de derecha, la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomó el camino de la responsabilidad fiscal y la justicia social que el gobierno anterior había abandonado.

Tras aumentar la transparencia, ampliar las políticas sociales y derogar las exenciones fiscales que beneficiaban desproporcionadamente a los grandes grupos empresariales, los resultados hablan por sí solos. El desempleo se encuentra en mínimos históricos, los ingresos familiares están aumentando y millones de personas están saliendo de la pobreza.

De igual modo, en España, el gobierno del presidente Pedro Sánchez ha logrado una de las tasas de crecimiento más altas entre las principales economías avanzadas durante tres años consecutivos, al tiempo que ha reducido el déficit a su nivel más bajo en casi dos décadas. El empleo se encuentra en niveles récord, con España generando cinco de cada diez nuevos puestos de trabajo en la eurozona, y las reformas estructurales están mejorando la calidad del empleo, la productividad y la innovación.

La lección es la misma en ambos casos. Con la combinación adecuada de políticas audaces y ambiciosas, la responsabilidad fiscal, el crecimiento y los programas de desarrollo social no se contradicen; se refuerzan mutuamente. Este es el camino alternativo que el mundo necesita, ya que los responsables políticos anteponen cada vez más los intereses económicos y de mercado al bien común.

El Consejo Global sobre la Nueva Economía para el Siglo XXI, un foro de economistas destacados que trabajan para impulsar este modelo de economía progresista, se creó para diseñar y promover políticas sólidas para un mundo en transformación. Inicialmente con sede en España, el Consejo celebrará su primera reunión presencial en octubre, un encuentro que promete ser un paso clave para dejar atrás la economía ortodoxa que ha fallado a la mayoría de la población mundial.

Ese fracaso no puede continuar. Las tres grandes transiciones que están en marcha —demográfica, ecológica y digital— exigen economías más justas, productivas, resilientes y soberanas. La transición demográfica, por ejemplo, está poniendo a prueba las protecciones sociales a ambos lados del Atlántico. España tiene una de las poblaciones más envejecidas del mundo, y Brasil comienza a experimentar el fin del dividendo demográfico que impulsó su desarrollo.

La respuesta de la derecha a este desafío es recortar las prestaciones sociales, trasladando el coste a quienes menos pueden soportarlo. Nuestra respuesta es aumentar la productividad y construir sistemas tributarios más justos y progresivos. Brasil acaba de aprobar una reforma del impuesto sobre la renta que exime a 15 millones de trabajadores de ingresos bajos y medios, al tiempo que impone una contribución mínima efectiva a quienes perciben ingresos muy altos. De manera similar, España gravó las ganancias extraordinarias de las empresas energéticas y los bancos para financiar su respuesta al aumento inflacionario tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. También ha sido pionera en un impuesto sobre las grandes fortunas.

Con la transición ecológica como pilar del desarrollo del siglo XXI, Brasil posee activos estratégicos inigualables, entre los que se incluyen la mayor selva tropical del mundo, sus mayores reservas de agua dulce y una sólida matriz energética basada en energías renovables. El gobierno de Lula ha convertido la protección de la Amazonía en un pilar de la política exterior brasileña, no para renunciar al desarrollo, sino para garantizar su sostenibilidad.

España, por su parte, es líder mundial en energías limpias. Las energías renovables generan más de la mitad de su electricidad, y el país ocupa el segundo lugar a nivel mundial en nuevas inversiones en el sector. Su menor dependencia de los hidrocarburos ya ha mitigado el impacto de la guerra en Irán en los hogares y ha reducido los costes de electricidad para la industria.

Finalmente, la transición digital moldeará cada vez más las condiciones de vida de las futuras generaciones. Sin embargo, en la actualidad, un puñado de empresas controla la infraestructura tecnológica sobre la que se sustentan nuestras economías y democracias. Como advirtió el Papa León XIV, esta concentración conlleva graves riesgos de deshumanización, ya que las empresas tecnológicas priorizan la rentabilidad para sus accionistas en lugar de la cohesión social o la integridad democrática.

Por eso, Brasil combina la regulación de plataformas con el apoyo a los centros de datos y un marco basado en el riesgo para la IA, y por eso España ha propuesto prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Ambos países exigen una mayor responsabilidad a las grandes plataformas y abogan por una IA que respete la dignidad, la autonomía y la equidad.

El mundo actual no es el que nos propusimos construir. La guerra y el extremismo han regresado, y el multilateralismo se está desmantelando a medida que las grandes potencias imponen aranceles unilaterales, utilizan el acceso a los mercados como moneda de cambio y sustituyen la diplomacia por amenazas. Esto perjudica a todos.

Como ministros de finanzas, nuestra responsabilidad es insistir en la resolución de las diferencias entre países mediante el diálogo y la legislación. La reciente firma del acuerdo UE-Mercosur —el mayor acuerdo de este tipo en la historia en términos de PIB combinado, y en el que ambos gobiernos desempeñaron un papel fundamental— es una expresión concreta de ese compromiso.

Lula ha procurado mantener abiertos los canales de comunicación con todos los actores, rechazando las alianzas automáticas y afirmando que el Sur Global tiene voz propia. De igual modo, Sánchez ha defendido el derecho internacional frente a las acciones unilaterales e instado a la Unión Europea a buscar una mayor autonomía estratégica. Ambos gobiernos han demostrado que las políticas progresistas no solo benefician a la economía, sino que también contribuyen a la creación de sociedades más estables y justas.

Algunos seguimos prefiriendo la lógica del derecho a la de la fuerza, la gobernanza multilateral a la fragmentación y la soberanía digital en beneficio de la gente común al poder tecnológico concentrado. El verdadero progresismo no se medirá en discursos, sino en mejores condiciones laborales, vivienda asequible y acceso a una educación que brinde oportunidades reales. Ahora más que nunca, la gente necesita ver que sus gobiernos la apoyan.

Los autores

Darío Durigan es el Ministro de Hacienda de Brasil.

Carlos Cuerpo es el Primer Vicepresidente y Ministro de Economía, Comercio y Empresa de España.

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