Democracia en la OC-33, ¿principio estructural o derecho?

En las últimas décadas, America Latina ha enfrentado una serie de transformaciones, derivadas de cambios en dinámicas sociales y procesos de recomposición política. Lo cual, ha reconfigurado el entorno para el funcionamiento del Estado y, sobre todo, el desenvolvimiento de la democracia.

En este panorama, un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la emisión de la Opinión Consultiva OC-33, con el fin de interpretar el alcance de la democracia dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y analizar su posible protección jurídica directa.

Lo que está en juego en esta discusión es claro: analizar la democracia más allá de una formalidad procedimental y explorar la posibilidad de reconocerla como un derecho humano autónomo.

En otras palabras, el debate apunta hacia un cambio de panorama, donde la democracia no solo se entienda como un sistema de organización, sino también como un elemento esencial para la dignidad humana y el ejercicio de los derechos fundamentales.

Este cambio no es menor, pues eleva la democracia a un derecho de naturaleza dual: por un lado, como principio organizacional y mecanismo de limitación del poder; por otro lado, como un derecho subjetivo autónomo, susceptible de protección dentro del Sistema Interamericano.

Sin embargo, este cambio no solo es normativo, sino que implica una transición compleja que exige repensar las instituciones y marcos jurídicos existentes. Incluso, en cuestiones tan básicas como la posibilidad la Corte Interamericana analice, además de las violaciones individuales, las erosiones de las condiciones democráticas de los Estados Parte.

Por ello, es necesario reflexionar sobre los límites y condiciones para la eventual protección de este derecho. El verdadero desafío radica en delimitar hasta donde puede extenderse el papel de la Corte Interamericana a la luz del margen configurativo de los Estados, así como precisar el papel de los órganos del sistema Interamericano frente a fenómenos que pueden incidir en el funcionamiento de la democracia.

A nivel interno, también plantea nuevas interrogantes: ¿Cuál es el papel del Estado en la preservación de las condiciones democráticas? ¿Cómo deben ponderar los derechos los tribunales en contextos de tensión democrática?

La decisión, sin lugar a dudas, dará paso a una nueva era, donde la cuestión no es únicamente reconocer a la democracia como derecho humano, sino construir mecanismos para hacerlo exigible armónicamente con el Estado de derecho, así como los principios convencionales y constitucionales.

Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)