Advierten vacíos en la Ley Federal del Trabajo para frenar injerencia patronal

La reforma laboral en México enfrenta retos estructurales que impiden el ejercicio pleno de la libertad sindical y la negociación colectiva. Durante su intervención sobre el análisis del sistema actual, Graciela Bensusán, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco, identificó que la regulación vigente presenta deficiencias en el control de la democracia interna y en los mecanismos de sanción ante la intervención de empleadores en la vida de las organizaciones.

En el marco del “Foro Libertad Sindical, en el marco del T-MEC”, Bensusán señaló que se han detectado prácticas que desvían los objetivos originales de la modificación legal, tales como la construcción de mayorías sindicales que carecen de un respaldo real de los trabajadores. A su juicio, existe una continuidad de estructuras de mando tradicionales que conviven con bajas tasas de afiliación y una cobertura estrecha en la firma de contratos colectivos.

Bensusán refirió que el 83% de las quejas tramitadas bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC se vinculan con la intromisión de patrones o de sindicatos ajenos. En este sentido, consideró que la legislación es insuficiente para definir y sancionar estas conductas, permitiendo que las empresas eludan sus responsabilidades en la vulneración de derechos.

La académica cuestionó la integración de la junta de gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y la carencia de herramientas punitivas en sus procedimientos. Para Bensusán, el marco jurídico actual resulta "hiper reglamentario" debido al intento de erradicar el corporativismo, sin que el país haya definido aún si está en condiciones de transitar hacia un esquema de corte liberal.

En el ámbito técnico de la Ley Federal del Trabajo, la especialista destacó la problemática de las constancias de representatividad. Indicó que la ausencia de plazos de respuesta por parte de la autoridad y la vigencia de solo seis meses de dicho documento representan obstáculos para la estabilidad de las organizaciones. Al respecto, afirmó que "existen restricciones para el ejercicio del derecho de huelga, el cual es la única manera de frenar el problema generado por la corta duración de las constancias".

Como propuesta de solución, planteó la necesidad de robustecer al CFCRL mediante mayor autonomía y recursos presupuestales, además de dotarlo de facultades de sanción. Subrayó que el MLRR debe verse como un apoyo externo y no como un sustituto de la justicia nacional.

Sobre la evolución del sector, concluyó que la fuerza de los trabajadores no depende exclusivamente de procesos electorales, sino de una renovación en la conducción de las centrales obreras, señalando que existe una "tarea enorme que tiene la CTM" para adaptarse a la nueva realidad normativa.