La decisión que no debió tomarse

Esta no es la historia de un edificio ni de una mudanza fallida. Es el relato de una decisión que no debió tomarse. Hay malas decisiones que fallan por ejecución, por cálculo insuficiente o por mala planeación; otras fallan desde el origen, porque no reúnen los requisitos mínimos para lograr lo que prometen. La reubicación de la Secretaría de Salud a Acapulco, presentada por el gobierno como parte de la descentralización de la administración pública federal, pertenece a esta segunda categoría.

En el sistema de salud, la palabra “descentralización” tiene su propia historia: desde la década de 1980 se relaciona con la transferencia de servicios a los estados y con la tensión entre rectoría federal y operación local. En sentido contrario, la creación del INSABI y después del OPD IMSS-Bienestar buscaron recentralizar funciones y reorganizar la presencia federal en los servicios de salud. Por eso conviene diferenciar: lo que ocurrió con la Secretaría de Salud (SSA) no fue descentralización en sentido estricto, sino una desconcentración territorial de oficinas centrales, sin transferencia real de capacidad rectora ni construcción de un nuevo centro operativo equivalente.

El discurso oficial tampoco era nuevo. Después del terremoto de 1985, el gobierno de Miguel de la Madrid promovió la descentralización de dependencias y organismos públicos de la CDMX. Algunos casos prosperaron, pero no fueron simples mudanzas: Caminos y Puentes Federales trasladó sus oficinas centrales y a sus trabajadores a Cuernavaca, Morelos ese mismo año; y el entonces Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática llevó a la ciudad de Aguascalientes a empleados y familias, en un proceso que incluyó vivienda, servicios y adaptación institucional. Esas experiencias no implican que descentralizar sea imposible; muestran lo contrario: requiere planeación, sede, personal, incentivos, continuidad operativa y tiempo.

Cuatro décadas después, la SSA no siguió esa ruta. Salió de Lieja 7 sin construir en Acapulco un centro equivalente de rectoría sanitaria. No se descentralizó: se desconcentró. Perdió su sede histórica sin ganar un nuevo centro operativo, simbólico ni institucional.

Lieja 7 quedó atrapada en esa decisión. Durante noventa y tres años alojó a la autoridad sanitaria federal. Era una sede reconocible, un símbolo de la SSA a nivel federal, una forma material de continuidad institucional y, además, no generaba gasto de renta para el erario. En febrero de 2022 fue desocupada. Poco después vino la promesa del museo.

El edificio merece atención por sí mismo. Quien entra por primera vez necesita procesar el patio interior abierto hacia el cielo, los puentes con recubrimientos de cobre diseñados por William Spratling, los vitrales de Diego Rivera —los únicos que se conocen de su autoría—, los murales de la Sala Bernardo Sepúlveda y los mascarones indígenas tallados en cantera. En el jardín, la rotonda de profesionales ilustres de la medicina y la enfermería recuerda que la memoria sanitaria no está hecha sólo de oficinas, sino también de oficios, trayectorias y nombres propios. Todo en un edificio art déco declarado monumento artístico nacional en 1991.

Pero su valor no es sólo patrimonial. Las instituciones también se sostienen en tradiciones y memorias compartidas. Una institución sin símbolos pierde algo más que decoración: pierde continuidad, presencia y cede una parte de su autoridad.

En el muro exterior del auditorio —donde estuvo el laboratorio central— una placa recuerda los nombres de los niños mexicanos de la expedición del Dr. Balmis: reclutados en ciudades de la Nueva España que en febrero de 1805 zarparon de Acapulco hacia Manila, inoculados de dos en dos para mantener viva la vacuna antivariolosa durante la travesía. Sus cuerpos fueron la única hielera disponible.

Esa placa no es desconocida para quienes tuvimos la oportunidad de visitar Lieja 7, pero difícilmente forma parte de la memoria colectiva.

Abrir Lieja 7 al público puede ser una buena decisión. El edificio merece ser recorrido, explicado y devuelto a la ciudadanía. El problema no es el museo, sino la secuencia: una sede histórica se cerró por un traslado revestido de descentralización, y meses después el museo apareció como una forma cultural de darle sentido a ese vacío.

El 24 de julio de 2022, mientras las oficinas de Acapulco todavía se acondicionaban, la Secretaría de Salud convocó a su primera reunión de líderes para desarrollar guiones museográficos. En ese mismo acto se anunció públicamente que Lieja 7 se convertiría en el Museo Nacional de la Salud, el primero de su tipo en México, y que abriría sus puertas en el primer semestre de 2023. El anuncio pareció responder más a una necesidad de comunicación política que a una planeación institucional completa. A tres años del plazo prometido, Lieja 7 sigue sin abrir al público.

En octubre de 2023, el huracán Otis golpeó Acapulco con una intensidad que desbordó cualquier previsión. El edificio que alojaba las oficinas de la SSA sufrió daños. Pero Otis no destruyó el proceso de desconcentración; reveló su fragilidad. Para entonces, sólo algunas unidades administrativas habían llegado efectivamente a Guerrero, mientras buena parte de la operación seguía distribuida en distintas sedes de la Ciudad de México.

Después de Otis, la sede de Acapulco dejó de ser una opción viable. Antes de concluir el sexenio anterior, la oficina del secretario de salud regresó a la Ciudad de México y se instaló en un edificio rentado de Marina Nacional 60. No podía volver a Lieja 7: el propio secretario había firmado el acuerdo que destinaba el edificio al Museo Nacional de la Salud. La Secretaría recuperaba una dirección en la capital del país, pero no su antigua sede.

El 1 de octubre de 2024 asumió un nuevo secretario. Intentó volver a Lieja 7, pero el edificio ya tenía otro destino. Su oficina permaneció un tiempo en Marina Nacional y, ya en 2026, se trasladó a Agrarismo 227, en la colonia Escandón, antiguo inmueble de la extinta Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. No implicó un pago externo de renta. En eso se parece a Lieja.

El costo económico tampoco quedó reunido en un solo expediente público. Hay que reconstruirlo por fragmentos: contratos, anuncios, presupuestos, mudanzas y silencios. Con la información disponible, el traslado a Acapulco implicó al menos 112 millones 800 mil pesos en remodelación, fletes y señalización. El proyecto del Museo Nacional de la Salud tuvo una asignación autorizada por 870 millones de pesos para inversión, mantenimiento a diez años y equipamiento. Sumadas, ambas cifras bordean los mil millones de pesos. A eso se agrega el edificio construido por el gobierno de Guerrero con una inversión de 1,000 millones de pesos, cedido en comodato, usado de manera marginal y devuelto, prácticamente inservible, después de los daños provocados por Otis. No son cifras menores para una administración que invocó con frecuencia la falta de recursos.

Pero el costo principal no cabe en una suma. Estas cifras no incluyen los costos del regreso desde Acapulco ni las reubicaciones posteriores en la CDMX, ni las rentas de espacios. El problema no es sólo cuánto se gastó, sino lo difícil que resulta reconstruirlo. Cuando una decisión pública falla, la transparencia no debería depender de la paciencia de quien reconstruye fragmentos, sino de la obligación de rendir cuentas sobre costos, razones y consecuencias. La desaparición del INAI agrava ese problema. En una historia marcada por gastos dispersos, contratos difíciles de reconstruir y responsabilidades no asumidas, la pérdida de un garante autónomo de acceso a la información no es un dato accesorio: reduce la capacidad ciudadana para saber qué ocurrió.

Aunque la responsabilidad podría reducirse a una lista de personas, el problema es más grave: se trata de decisiones públicas que atraviesan cargos, organismos y sexenios sin producir un balance público suficiente. La Secretaría de Salud sostuvo administrativamente el traslado; el CONAHCYT financió el proyecto museográfico descrito como encargo presidencial; y la presencia federal en Acapulco quedó asociada al INSABI, organismo que desapareció en 2023 sin que esa experiencia dejara una evaluación pública clara. Después, parte de esa responsabilidad administrativa transitó hacia la subsecretaría encargada de integración y desarrollo, justo cuando la Secretaría gestionaba el regreso fragmentado a la Ciudad de México.

Los nombres sí importan, sobre todo cuando empiezan a olvidarse. Importan porque quienes toman decisiones públicas usan dinero que no les pertenece. En una administración democrática, los funcionarios no sólo ejecutan instrucciones; también deben documentar costos, advertir riesgos, corregir errores y responder por las consecuencias. Cuando hay decisiones, contratos, recursos ejercidos y estructuras que cambiaron de lugar o de forma, pero no una rendición de cuentas sobre lo ocurrido, la falta de oficio deja de ser un accidente y se vuelve una forma de administración.

Esta historia deja una lección que no puede pasar desapercibida. Abrir Lieja 7 al público puede ser una buena decisión. Anunciar un museo sin condiciones suficientes para cumplir los plazos prometidos fue, sin duda, una mala decisión. Pero trasladar la rectoría sanitaria federal a Acapulco sin viabilidad operativa, vaciar una sede histórica, gastar recursos públicos y terminar años después en otro edificio federal en la misma CDMX, fue una decisión que no debió tomarse.

La Secretaría volvió a tener domicilio propio, pero no recuperó su punto de referencia histórico. Ese es el daño que no aparece en los documentos. También debería molestarnos el silencio colectivo que acompañó el vaciamiento de Lieja 7. No sólo se abandonó un edificio: se comprometieron recursos públicos y se diluyó la obligación de explicar. Cuando eso ocurre, la falta de oficio no necesita esconderse: se instala en el edificio disponible.

*El autor es investigador Emérito del SNII. Profesor Emérito del Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud. Universidad de Washington. rlozano@uw.edu; @DrRafaelLozano