La “cruda” que padece México después de la Reforma Judicial

En los días recientes, me he topado con pronunciamientos de legisladores de Morena que sugieren revisar y adecuar la Reforma Judicial o también que, ante los retos que se han identificado a raíz de la entrada en vigor de ésta, resultaría prudente postergar la elección de ministros, magistrados y jueces prevista para el 2027, por lo menos al 2028. Lo anterior es un reflejo de un panorama inequívoco: lejos de beneficiar al país, la mal llamada Reforma Judicial se está convirtiendo en un pesado lastre para el país. Resulta incuestionable que la Reforma Judicial, combinada con el desmantelamiento del andamiaje institucional del Estado mexicano, que había sido construido en las últimas tres décadas, con algunos grados de influencia de los partidos de oposición, se han traducido en un freno abrupto en los planes de inversión de muchas empresas en México. Para nadie es un secreto que un mayor grado de incertidumbre se refleja siempre en una menor propensión a invertir.

Los evangelizadores de la Reforma Judicial seguramente ponen en duda que se perciba un mayor grado de incertidumbre en el país que en comparación con lo que se percibía al cierre de 2016, antes de que México entrara en el contexto electoral de finales de 2017 y de todo 2018. Lamentablemente, una Suprema Corte de Justicia de la Nación más ideologizada que antes, con nuevos jueces y magistrados cuyo único mérito para resolver disputas jurídico-económicas de distintos grados de complejidad o para resolver expedientes penales, por citar algunas disciplinas, es haber estado en el ánimo de quienes tuvieron el poder de filtrar los nombres de los elegibles y sobre todo, para dar forma a los acordeones que fueron instrumento central para la operación electoral que el grupo en el poder llevó a cabo para inclinar -sin ningún pudor- el resultado de las múltiples elecciones en cada una de las casillas que se instalaron para dicho proceso, por más que una mayoría de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial vivan una realidad alterna y estén convencidos de que dicho proceso fue ejemplar.

Para cualquier particular o empresario, no es exagerado decir que la probabilidad de que el Poder Judicial le dé la razón al Estado mexicano en cualquier litigio promovido para cuestionar la constitucionalidad o legalidad de una decisión gubernamental o de una reforma legislativa, es ahora mucho mayor que hace dos años, por ejemplo, o que el tiempo para resolver los expedientes se ha incrementado de manera notoria, como ya ha quedado acreditado en diversos reportajes de medios, o bien, que muchas empresas o inversionistas están optando en los contratos que celebran entre ellos que cualquier diferendo derivado de la ejecución de dicho instrumento, se dirimirá en instancias de arbitraje, no ante tribunales. Los dos primeros son ejemplos de cuestiones que afectan negativamente el grado de certidumbre, el tercer ejemplo, es un intento por reducir de cierta forma el mayor grado de incertidumbre, pero no lo resuelve. No habrá Plan México o Plan de Inversión en Infraestructura que funcione mientras el grupo en el poder no reconozca que haber descarrilado al Poder Judicial, para vestirlo de poder popular, simplemente es un fracaso.

México seguirá exhibiendo un pobre desempeño en materia de crecimiento económico hacia los años siguientes mientras no se resuelva el atolladero en el que metió al país la ocurrencia del gobierno del presidente López Obrador. Si a ello se le suma que el gobierno cada vez tiene menor margen de maniobra para el gasto en inversión y que al paso de los años, el peso del gasto en pensiones y el del costo financiero del endeudamiento del sector público serán cada vez mayores dentro de la composición del gasto público, tendremos claridad que estamos metidos en un problema no menor.