Un caballo troyano sin caballos

Luis Miguel González advirtió esta semana en Caja Fuerte que la acusación pública de la Casa Blanca —México como caballo de Troya de China para entrar a Estados Unidos— llega en el peor momento posible para la revisión del T-MEC. Tiene razón en el diagnóstico político. Pero, al abrir el reporte “The Great Transshipment Scam”, firmado por Peter Navarro y publicado el 13 de agosto, no asombra la denuncia, sino su aritmética.

El propio documento cifra el perjuicio en un rango de 40,000 a 303,000 millones de dólares anuales —un factor de 7.5 entre piso y techo—, entre 1% y 13% de los 4 billones que EU importa cada año. Cualquier estimación seria con un rango así se descalifica sola: son cifras narradas, no medidas. Y aun ese 13% del techo no es cataclísmico como prueba de un fraude sistémico.

La literatura académica reciente sobre la reasignación comercial posterior a 2018 —Alfaro-Chor, Fajgelbaum et al., Grossman-Helpman-Redding, entre otros— documenta una relocalización de la producción y una creciente integración con cadenas globales, no un fraude generalizado. El intento más riguroso disponible —un working paper de Harvard Business School de Iyoha, Malesky, Wen y Wu (2024), con datos transaccionales de Vietnam 2018-2021— encuentra que el transbordo real explica 8.8% del crecimiento exportador vietnamita a Estados Undidos, no el 21% que arrojan las mediciones agregadas. Vietnam es, además, un caso más comprometido que México: contigüidad con China, mismos aranceles y la misma manufactura ligera. Y aun así, el fenómeno es pequeño frente al valor agregado local, que explica 40% del crecimiento.

En México siempre ha habido algo de transbordo, desde antes de los aranceles. Ninguna aduana lo elimina por completo. Los datos muestran que la porción sujeta a transbordo genuino es marginal frente al total. El reporte de Navarro toma un fenómeno menor, lo dimensiona con metodología agregada que ha demostrado sobreestimarlo y lo convierte en pretexto para renegociar el T-MEC bajo amenaza. Es un instrumento político, no un diagnóstico económico.

Esto no protege a México. Lo obliga. Contra una acusación imprecisa, pero políticamente potente, se responde con datos propios, y ahí Palacio Nacional está desarmado. México no publica mirror statistics con China. Tampoco publica el valor agregado nacional de nuestras exportaciones al norte, que según TiVA, ronda entre 30 y 40% en autos. Tampoco hay un registro público de propiedad efectiva para saber cuántas empresas “vietnamitas” o “coreanas” del Bajío tienen matriz en Hong Kong. Tampoco se desagrega el IMMEX por origen-partida-destino. La asimetría es brutal: EE. UU. acusa con estimaciones opacas; México no puede desmentir porque no midió. En toda negociación asimétrica, el silencio del acusado se computa como confesión.

Hay un menú técnico —no legislativo, no político, no costoso— que se puede ejecutar en 90 días: replicar en México el ejercicio Iyoha-Malesky para publicar mediciones rigurosas propias; auditar el IMMEX y difundir resultados trimestrales; elevar unilateralmente el contenido regional automotriz al 80%, antes de que el USTR lo exija; levantar el registro público de propiedad efectiva que la OCDE lleva años recomendando; y materializar el CFIUS firmado con el Tesoro en diciembre de 2023. Cinco medidas administrativas que le restan precio a la negociación de junio. Ninguna requiere una reforma; todas requieren decisión política. El reporte que firma Navarro no describió un fenómeno; describió una acusación. La literatura empírica describe otra cosa.