La victoria de los duros

Signos vitales Por: Alberto Aguirre M.

En una lógica meramente administrativa, la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), ordenada por el presidente Felipe Calderón, estaría justificada y hasta podría considerarse como valiente. En términos políticos representa el fracaso de una línea dialoguista, conciliadora.

El argumento de la inviabilidad financiera de la paraestatal parece irrebatible, no así que se trate de culpar al Sindicato Mexicano de Electricistas de los malos números de la empresa, que era coadministrada por la dirigencia sindical.

La entidad era controlada por el gremio, no por el gobierno, acusó Fernando Gómez-Mont respaldado por los secretarios de Energía, Hacienda y Trabajo, además del director de la Comisión Federal de Electricidad. Esa captura degeneró en la quiebra de la empresa, con su pasivo laboral de 240,000 millones de pesos, de los cuales solamente 80,000 millones corresponden a trabajadores en activo y 160,000 millones al personal jubilado, y sus 25,000 millones de pesos en pérdidas, que representan 52% de los ingresos totales por ventas del organismo.

Hay otras empresas paraestatales con cifras negativas y que, sin embargo, siguen siendo costeadas por los contribuyentes. A manera de ejemplo veamos el caso de la agencia informativa del Estado mexicano.

El 2 de junio del 2006, también a través de un decreto presidencial, se determinó la desaparición de Notimex y su sustitución por un nuevo organismo descentralizado que entonces se constituyó como patrón sustituto de los trabajadores -con todas las obligaciones legales correspondientes-, en tanto se procedía a la liquidación de los activos, muebles e inmuebles, derechos y obligaciones de la sociedad disuelta. A casi 40 meses, nada de eso se ha cumplido. La falta de un mayor Presupuesto y la sobrerregulación a la que es sometida la agencia ha dificultado una salida inmediata.

En el decreto que determina la extinción de LFC hay un deslinde del fracaso de la paraestatal. Y es que, se argumenta, en años de regímenes panistas (del 2001 al 2009), las transferencias presupuestales a la empresa se incrementaron en más de 200 por ciento. Rebasarían los 300,000 millones de pesos en el sexenio calderonista.

En su cronología, la idea de liquidar a la empresa no es propia. En la revisión de la Cuenta Pública del 2006, el auditor superior de la Federación, Arturo González Aragón, recomendó que se hicieran los estudios pertinentes para proceder a la aplicación del artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Ese texto, sin embargo, no contempla sólo la extinción de un organismo descentralizado, cuando su funcionamiento deje de cumplir con sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público . Establece como rutas alternas la disolución y/o la liquidación.

La misma LFC, antes había sido sometida a un proceso liquidatorio hace casi un cuarto de siglo. El 23 de diciembre de 1986, el secretario general de la CTM, Fidel Velázquez, giró instrucciones a las federaciones, sindicatos nacionales de industria y a todas las organizaciones miembros de esa central, para que demandaran aumentos salariales de 23% retroactivos al 1 de enero de 1987, emplazando y estallando las huelgas de ser esto necesario .

El 2 de febrero, las 33 organizaciones del Congreso del Trabajo, que entonces encabezaba Francisco Hernández Juárez, decidió sumarse al emplazamiento. Dos días antes del día fijado para el estallamiento, el CT lo prorrogó por 10 días. El SME, considerando que no existían causas que justificaran la prórroga, estalló la huelga a las 00:00 horas del viernes 27 de febrero de 1987.

El gobierno utilizó un procedimiento que llamó intervención administrativa y ocupó las instalaciones de LFC. Unos días después, más de 200,000 personas marcharon al Zócalo. El 11 de marzo a las 3 de la tarde, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la huelga del SME. Veinticuatro horas después, los electricistas reiniciaron sus labores.

Ahora, más que excesiva, la acción policiaca para tomar las instalaciones de LFC parece innecesaria, pues las plantas que operaban los trabajadores del SME no revisten mayor importancia en términos estratégicos o de seguridad nacional. Y es que desde 1994, la empresa se había convertido esencialmente en una distribuidora y comercializadora, sólo genera 7% de la electricidad que maneja.

Esta vez, el gobierno federal engañó a los trabajadores y a la opinión pública. Mientras el secretario Javier Lozano supuestamente media en el conflicto intersindical, en otras instancias ya se había decretado la muerte del organismo público, cuya última versión fue creada en las postrimerías del salinismo. Fue justo un día después de que se celebrara el 47 aniversario de la nacionalización de la Industria Eléctrica. El 28 de septiembre, la secretaria Georgina Kessel propuso la desincorporación por extinción de LFC. Y el 5 de octubre del 2009, la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación emitió el dictamen que extinguió a la paraestatal.