La agenda legislativa de AMLO en manos del PRI

Todo parece indicar que el presidente López Obrador mandará al Congreso tres iniciativas de reforma constitucional: la electoral, la eléctrica y otra más relacionada con la Guardia Nacional. Se desconoce aún el orden y el contenido específico de las propuestas.

En el caso de la reforma electoral, poco ha revelado el titular del Poder Ejecutivo además de su interés en echar de sus cargos a los actuales consejeros electorales del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral. Se ha pronunciado a favor de la eliminación de los diputados y senadores de representación proporcional, así como de la reducción del costo de las elecciones.

Por lo que concierne a la reforma eléctrica, el gobierno buscará reestablecer la posición dominante de la CFE en el incipiente mercado de energía, mediante la supresión de la competencia de productores privados. Finalmente, en relación con la Guardia Nacional, López Obrador anunció que propondrá convertir a este nuevo cuerpo en parte de la Sedena, para consumar así la militarización de la seguridad pública.

Dada la composición de la Cámara de Diputados que resultó de las pasadas elecciones, el PRI está llamado a desempeñar un papel especial. Tiene 70 votos, que sumados a los 114 del PAN, son suficientes para detener cualquier decisión que requiera mayoría calificada, incluidos los cambios a la Constitución.

Desde luego, el presidente López Obrador tiene suficientes votos para conseguir la aprobación de cambios legislativos ordinarios, incluyendo el presupuesto de egresos y la ley de ingresos. Morena tiene 198 diputados, que sumados a los 37 del Partido del Trabajo y los 43 del Partido Verde, pone a la 4T arriba de la mayoría absoluta por 27 votos.

La aplanadora obradorista exhibió su músculo en la primera sesión de la Cámara de Diputados. En la madrugada y tras suspender el trámite legislativo, aprobó la nueva Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Busca así la “revancha” contra el congreso local de Tamaulipas que impidió el desafuero del gobernador Cabeza de Vaca. 

Con la nueva ley, las legislaturas estatales quedarían obligadas a acatar las resoluciones de la Cámara de Diputados en los procedimientos de desafuero. El madruguete morenista todavía tiene que pasar por el Senado y eventualmente por la Suprema Corte de Justicia. Dada su dudosa constitucionalidad, el resultado es aún incierto.

Por lo pronto, sienta un mal precedente para el entendimiento entre la 4T y el PRI. Va por México, lo coalición opositora formada por PAN, PRI y PRD, se mantuvo unida en la votación y logró sumar a Movimiento Ciudadano. El diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena, parece tener una habilidad especial para unificar a la oposición; justo lo contrario que el presidente López Obrador necesita, si quiere sacar adelante la agenda legislativa con la que se comprometió desde Palacio Nacional.

En el PRI siguen coexistiendo diversas corrientes, desde los nacionalistas, que no ven con malos ojos parte de la agenda de la 4T, hasta los socialdemócratas, que rechazan el populismo y el carácter absolutista de la presidencia de López Obrador. Entre ellos predomina un perfil de políticos experimentados y pragmáticos. Su estrategia consiste en esperar que se desinfle la 4T o que se destruya, víctima de sus propias contradicciones.

La marca PRI, aunque muy dañada por los escándalos de corrupción, encontró un piso en el 18% de votación nacional que obtuvo en las pasadas elecciones. Hacia adelante sus dirigentes ven oportunidades interesantes en coalición con PAN y PRD en las elecciones locales y, quizás, la presidencial.

El presidente López Obrador ha puesto una parte sustancial de su agenda legislativa en manos del PRI. El viejo partido dominante tiene un juego largo por delante, no parece llevar prisa. Le sobra aquello que para la 4T será cada vez más escaso: tiempo.

Twitter: @BenitoNacif