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Justicia y equidad
Podemos observar que en el país nuestro sistema fiscal, en la práctica, ni es justo ni es equitativo, en cualquiera de sus medidas.
Una vez que fueron aprobadas las propuestas del Ejecutivo en materia de impuestos, permanecen algunas quejas de grupos inconformes con el nuevo tratamiento que recibirán, algo que es muy común en cualquier momento en que se modifica el esquema fiscal de cualquier economía.
De poder elegir, cualquiera de nosotros elegiría un esquema en el que su situación o actividad estuvieran exentas de pago alguno, de manera que no se tuviera ni siquiera que pisar alguna oficina para declarar ni para tener que registrarse; no obstante, las leyes establecen claramente que es obligación de todos contribuir, en la medida de sus posibilidades.
Aquí es en donde entran dos conceptos clave para la definición de un sistema fiscal, que son el de equidad y el de justicia. Se dice que los impuestos tienen que ser equitativos y en esta medida se deben contemplar dos aspectos adicionales, que son la equidad vertical y la horizontal.
La vertical implica que quien tiene más debe contribuir con más y la horizontal tiene que ver con que todos los que están en la misma situación deben ser tratados igual.
El concepto de justicia es bastante más complejo de definir, porque tratándose de impuestos, siempre habrá quien considere injusto cualquier tratamiento.
Podemos observar que en el país nuestro sistema fiscal, en la práctica, ni es justo ni es equitativo, en cualquiera de sus medidas. Al declarar de entrada ciertas actividades y conceptos que no se pueden tocar, se está dando un tratamiento fiscal diferente a algunos agentes, mismo que cae fuera de la justicia y de la equidad.
Simplemente porque a alguien le entró en la cabeza la idea de proteger, supuestamente, a quienes menos tienen, o ciertos conceptos de gasto, se cabildea hasta el cansancio para que esos conceptos no sean gravados, aunque resulte claro y obvio para todo el mundo que los más beneficiados son quienes más tienen y más gastan.
Lo mismo sucedía con la tasa diferenciada que se cobraba en la frontera, lo cual era sumamente inequitativo e injusto, aunque ya fue corregido.
En materia de la renta, establecer tarifas crecientes, como lo contempla nuevamente la ley, hace que muchos hagan hasta lo imposible por no acumular conceptos, a manera de no alcanzar la tarifa máxima, volviendo a caer en algo que se busca en todo sistema fiscal: que no incentive actividades para eludir o pagar menos.
mrodarte@eleconomista.com.mx